Que la Superintendencia Financiera ejerza su función jurisdiccional para tener control sobre la forma en que los bancos administran los beneficios a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) decretados por el Gobierno al amparo del Estado de Emergencia, requirió ayer la bancada del Partido Conservador en el Congreso.
A través de un comunicado, las bancadas conservadoras en Senado y Cámara pusieron en conocimiento de la opinión pública la difícil situación por la que está pasando el sector de mipymes de Colombia.
“En los últimos días recibimos con preocupación y asombro el diagnóstico realizado por la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) sobre la situación actual de las mipymes, que generan alrededor de 17 millones de empleos formales, un 82% de la fuerza laboral del país. El Gobierno del presidente Iván Duque creó con gran esfuerzo líneas especiales de créditos, que tienen valor total de $20 billones, así como el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías que cubrirá el 80% del valor de créditos, y en buena hora el Gobierno ha anunciado se extenderá al 90%”, plantearon los congresistas.
Sin embargo, anotaron, “es menester que esta bancada denuncie a la opinión pública (…) situaciones que no están permitiendo la materialización de estos beneficios” como que “la banca ha incrementado el nivel de perfilación de riesgo de las empresas”.
También denunciaron los legisladores que “los requisitos para acceder a los créditos resultan complejos”, que “no se respeta el periodo de gracia y el plazo de pago establecido en los instrumentos del Gobierno nacional” y que “se presenta una dilatación entre la solicitud del crédito y el tiempo de respuesta de la misma, lo cual implica un riesgo para el empresario quien no cuenta con los recursos de manera inmediata para cumplir con el pago de nómina”.
Además, señalaron que “no se están acreditando nuevos créditos, por el contrario, se presenta una reestructuración del crédito actual” y que “en cuanto al tema de congelamiento de créditos adquiridos antes de la crisis, solo se congela el capital y no los intereses, lo cual encarece en el mediano plazo el préstamo. Es decir, los bancos no tienen en cuenta la coyuntura actual para el cobro de cartera”.
“A pesar que se ofreció el no pago de las cuotas de créditos vigentes durante tres (3) meses, los bancos siguen haciendo descuento de las cuotas correspondientes”, agregaron los parlamentarios conservadores.
Para la bancada, “es preocupante que un sector con tanta prosperidad como es el bancario, que en el año 2019 presentó ganancias por más de $13,5 billones en utilidades, esté aprovechando esta coyuntura para generar aún mayor rentabilidad, a cuenta del Gobierno nacional y de las mipymes”.
Con base en lo anterior, la bancada conservadora en el Congreso requirió que la Superintendencia ejerza su función jurisdiccional “para tener control sobre los abusos que estamos poniendo en su conocimiento”, así como que evite “la destrucción masiva de empleos en la que se incurrirá si no se controla a las entidades financieras que están obstaculizando el acceso a las líneas de crédito otorgadas por el Gobierno nacional mediante decretos dados ante emergencia económica” y “revisar y reportar a qué tipo de entidades llegan las líneas de crédito emanadas de los decretos de emergencia”.
“Solicitamos muy especialmente poner la lupa en casos específicos como bancos que limitan la oferta de crédito solo a clientes o empresas que desean fidelizase, y desvían créditos a las líneas comunes de estas entidades mientras niegan las líneas de Bancoldex; otros, lo limitan a sectores de primera necesidad, es decir, a quienes hoy no los necesitan, al mismo tiempo que niegan créditos a quienes los requieren para proteger el empleo de los colombianos, tal como detalla Acopi en su misiva”.