Según el Gobierno que está por terminar, el Sistema General de Regalías (SGR), que propició una nueva distribución de recursos desde 2012, ha permitido que departamentos y municipios que antes no contaban con estos dineros lograran adelantar nuevas inversiones en beneficio de sus comunidades.

Con recursos del SGR se habrían aprobado 12.500 proyectos por más de 32 billones de pesos, donde el tamaño promedio de los proyectos asciende a 2.500 millones de pesos. Las inversiones en su gran mayoría se han dirigido a los sectores de transporte (39 por ciento), educación (14 por ciento), agua potable y saneamiento básico (7 por ciento) y vivienda (7 por ciento).

El director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía, dijo que la tarea de sacar adelante un Plan de Choque el año pasado fue cumplida, pues desde la entidad se apoyó a alcaldes y a gobernadores en la formulación de los proyectos para lograr una cifra histórica en el SGR, recursos por 7,31 billones de pesos aprobados en 2017 a través de 2.157 proyectos en todo el país.

Mejía sostuvo que con la implementación del Plan de Choque se facilitaron los procesos a los alcaldes y los gobernadores mediante ajustes normativos con el propósito de viabilizar la presentación de proyectos.

Sin embargo, para el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), Sergio Clavijo, el Gobierno trató de enmendar sus errores en manejo de regalías con nuevas reformas constitucionales.

En opinión de Clavijo, mientras el Estado central debería estar asegurando la buena ejecución y productividad de los proyectos, a las regiones lo que les interesa es que les entreguen la contratación de cualquier proyecto (para continuar con su poderío político regional, donde abunda la corrupción). En este sentido, no debe sorprendernos que el balance de dichas inversiones de las regalías haya sido que un 65 por ciento de los proyectos tengan bajo o nulo impacto productivo, con valores inferiores a los 1.000 millones de pesos.