Este martes la juez 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, tendrá que decidir sobre la solicitud de preclusión que presentó semanas atrás la Fiscalía en el proceso penal que le abrió la Corte Suprema en 2018 al expresidente Álvaro Uribe por la supuesta manipulación de testigos, causa que en septiembre de 2020 pasó a la jurisdicción del ente acusador.
Para nadie es un secreto que la decisión que se tome, en uno u otro sentido, promete generar un tremor político, como ha ocurrido con otras determinaciones clave a lo largo de este caso que, incluso, llevó a que el año pasado el exmandatario estuviera en detención domiciliaria durante 67 días.
Como se sabe, el pasado 5 de marzo el coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán, presentó ante el Juzgado 28 de conocimiento solicitud de audiencia de preclusión de la investigación a Uribe Vélez.
En esa oportunidad, la Fiscalía explicó que luego de analizar los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, "el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente a Uribe no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe".
Estas conclusiones, indicó la Fiscalía, responden a la aplicación de los parámetros fijados en la Ley 906 de 2004, es decir, el Sistema Penal Acusatorio y serán expuestas en diligencia pública ante el juez Penal del Circuito, la misma que tendrá lugar este martes.
"A su vez, podrán ser controvertidas por el procesado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, y de quienes reclaman su calidad de víctimas con sus apoderados", añadió en marzo el ente acusador.
En la audiencia que se lleva a cabo este 6 de abril, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación se opusieron a la solicitud que sean reconocidos como víctimas la exesposa del exparamilitar, Juan Guillermo Monsalve, Deyanira Gómez y del periodista Gonzalo Guillen, dentro de este proceso.
El fiscal Gabriel Jaimes, solicitó formalmente a la juez 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que no acoja la solicitud que hicieron los abogados Miguel Ángel del Río, defensor de Deyanira Gómez y Roberto Mauricio Rodríguez Saavedra, defensor del periodista Gonzalo Guillen.
Jaimes argumentó esta petición pues considera que no se cumplen los parámetros que establece el código de procedimiento penal para ser acreditados como víctimas y que son improcedentes dichas solicitudes.
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