Se están señalando numerosas fallas en la atención a los afectados por el conflicto. Por ejemplo, se dice que la Unidad de Víctimas solo se ha enfocado en la reparación administrativa. De otra parte, los jueces pueden exhortar a las entidades, pero no ordenarles cumplir sus obligaciones. 

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Un llamado de atención por parte de la Corte Constitucional al Gobierno nacional por la falta de articulación de las diferentes entidades para atender a las víctimas, hizo la vicepresidenta del alto tribunal Gloria Stella Ortiz.

En el marco de un foro organizado por la Personería de Bogotá, la magistrada expresó que “vemos que hay una etapa en los últimos años de estancamiento en la protección de los derechos. Vemos que nuevamente vienen a generarse unos bloqueos institucionales que nos preocupan y que, según la información que nos ha llegado, no es fácil que nosotros podamos hablar de superación de las cosas inconstitucionales”.

Explicó la magistrada Ortiz que “el tema de bloqueos institucionales es un enorme problema de desarticulación entre las propias entidades. Las entidades no se hablan entre ellas. No tienen unas fórmulas que pudieran hablar del mismo idioma, pero además es muy clara la diferencia entre Nación- territorio”.

Además dijo que “las entidades territoriales están completamente desconectadas con la Nación y hay mucha diferencia entre unas entidades territoriales y otras. Hay algunas entidades territoriales que realmente no tienen ni siquiera diseño de una política pública de fondo”.

“La Corte tiene claro que hay muchas etapas en el seguimiento. El Gobierno ha tenido unos momentos de respuesta muy importantes a las órdenes. De hecho, hay tres Conpes que fueron unas respuestas a las determinaciones de la Corte”, así como “la propia ley de víctimas”, dijo.

Señaló además que “el Gobierno ha hecho esfuerzos importantes para proteger los derechos en aras de cumplir la sentencia 025”.

No pagan condenas pecuniarias

Durante el conversatorio, el magistrado Eduardo Castellanos, vicepresidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, indicó que en muchas ocasiones las reparaciones económicas a las víctimas no se cumplen.

“El esquema que tenemos, sobre el cual se pensó en la reparación de las víctimas, no está produciendo efectos. Ese es el grueso de nuestro trabajo en materia de reparación” que “está siendo liquidada desde el punto de vista jurídico. Esas sentencias que reconocen a favor de las víctimas millones de pesos constituyen una revictimización, porque finalmente esas condenas no se están pagando”, dijo.

El magistrado Castellanos manifestó también que “en materia de reparación nosotros no teníamos, y todavía hoy en día no tenemos, claridad de qué es lo que tenemos que hacer en materia de reparación de víctimas”.

Indicó el jurista que al tener desconocimiento de la manera cómo se aplicaría, lo que hicieron fue entrar en lo que se llama el activismo judicial y se quiso entrar en la formulación de políticas públicas por medio de las determinaciones judiciales.

“Las primeras decisiones de Justicia y Paz, son decisiones que ordenan desde construcción de puentes, desde construcción de coliseos, hasta soluciones en materia de proyectos productivos. Eso fue lo que hicimos”, manifestó.

Pero aclaró que esa ilusión duró poco porque la Corte Suprema de Justicia estimó que los jueces de Justicia y Paz no podían impartir órdenes a las entidades del sector gubernamental, departamental y municipal.

“Eso cortó la posibilidad de que como jueces de Justicia y Paz determináramos algo más que la reparación en materia de indemnización. Entonces la Corte Suprema de Justicia nos dijo: ustedes solamente pueden hacer exhortos”, recalcó.

Dijo Castellanos que se perdió la ejecutividad y concluyó que “se suponía que la Unidad de Víctimas articularía con los ministerios el grueso de la reparación; pero lo que nos hemos venido dando cuenta es que la Unidad de Víctimas ya no es el gran articulador de las entidades. Lo que vemos es que la Unidad de Víctimas está concentrando sus esfuerzos en la indemnización económica”.

Reclamos en zonas protegidas

Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras reveló que “muchos de los reclamos están en zonas ambientalmente protegidas. Hay muchas comunidades que estaban en parques nacionales naturales o en zonas que llamamos en Ley Segunda. Algunas pueden ser sustraídas, otras no”.

Indicó que este hecho complica la restitución, porque si alguien entra al páramo de Sumapaz, a donde es reserva, “y ocurre un desplazamiento, me dicen ‘devuélvame el páramo’, yo le tengo que decir que no se puede porque es el páramo de todos”.

Por último, la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, manifestó que “no existen grandes avances en el retorno de personas desplazadas por la violencia”.

Dijo que si algo se ha avanzado en la reparación individual, no sucede lo mismo con la reparación colectiva: “Resulta desafortunada la ausencia de  caracterización de los sujetos de reparación colectiva y la desarticulación de las autoridades competentes para su manejo”.

Recalcó que a la fecha ninguno de los 522 procesos de reparación incluidos en el registro ha culminado, precisando que “es necesario implementar modelos de corresponsabilidad, fortaleciendo el compromiso de las entidades en el cumplimiento de las obligaciones legales”.

La personera Castañeda le hizo un llamado al Gobierno nacional para que realmente escuche las necesidades de las víctimas y consideró que tanto la Policía como los organismos de seguridad del Estado deben implementar modelos de protección que impidan que los líderes y lideresas sigan siendo asesinadas.

“La asistencia y reparación integral, al igual que las acciones judiciales, administrativas, sociales, económicas, individuales y colectivas para lograr el reconocimiento efectivo del derecho de las víctimas se encuentran rezagadas”, dijo la Personera.

Recalcó que desde la Corte Constitucional se debe instar a las entidades competentes para que informen y adelanten las medidas con las que se pretende subsanar el déficit presupuestal en materia de indemnización administrativa de los solicitantes que cumplen con los requisitos.