El debate en torno a la participación del sector privado en la vacunación en Colombia contra el covid-19 creció ayer luego de que se radicara un proyecto de ley al respecto.

La iniciativa del senador conservador Miguel Ángel Barreto busca darle las herramientas al Ejecutivo para regular el proceso de adquisición, importación, distribución, aplicación y precio de venta de los biológicos por parte de las empresas.

Explicó que es urgente apoyar al sector público para acelerar el Plan Nacional de Vacunación (PNV) y llegar al objetivo de inmunizar a 35 millones de colombianos antes de terminar este año. Esa meta es clave porque a partir de la misma Colombia alcanzaría la llamada inmunidad de rebaño, en decir la velocidad de contagio cae sustancialmente y se supera la etapa pandémica.

Tras iniciar la vacunación el 17 de febrero, el país tenía ayer alrededor de 400 mil personas inmunizadas (personal médico y mayores de 80 años), pese a que ya llegaron alrededor de dos millones de dosis. De allí las críticas de algunos sectores en torno a que urge mayor agilidad en el esquema de vacunación, aunque desde instancias gubernamentales se replica que es imperativo tener una reserva estratégica para garantizar la administración de la segunda dosis. De hecho, ayer la jefe de enfermería de Sincelejo, que fue la primera vacunada en Colombia, la recibió.

Lo cierto es que el país apenas pasó esta semana a segunda etapa de la fase 1 del PNV. Aquí la prioridad son las personas de 60 a 79 años y el personal médico de segunda y tercera línea de atención. Luego vendría, en la etapa 3, la población de 16 a 59 años con comorbilidades y el 100% de los docentes. En la segunda fase hay dos etapas adicionales. En la 4 se inmunizará a cuidadores institucionales (Fuerza Pública y demás) así como población y ocupaciones de alto riesgo. Y en la etapa 5, la final, los colombianos de entre 16 y 59 años libre de comorbilidades. Es decir, la mayoría de la población.

El proyecto

Según explicó ayer Barreto, el proyecto (frente al cual se le pedirá al Gobierno que envíe un mensaje de urgencia) es complementario a la ley tramitada por el Congreso y sancionada en diciembre que establece la vacunación masiva y gratuita en Colombia.

Citando que en Perú, Brasil y México ya se avanzó en esta dirección, Barreto explicó que con la participación del sector privado se pasaría de un promedio hoy de 50 mil vacunas al día a unas 200 mil, lo que permitiría acelerar todo el PNV y alcanzar antes la inmunidad de rebaño, un asunto urgente si se tiene en cuenta que la cepa brasileña del coronavirus (más infecciona y letal) ya circula en ese país y otros de la región.

Para garantizar que no haya especulación en el mercado ni “canibalismo” entre los colombianos por acceder a la vacuna, se establece que los privados deben acatar las fases del PNV y el precio de la vacuna sería regulado por el Estado.

Sin embargo, el representante uribista a la Cámara, Ricardo Ferro, quien fue ponente de la ley ya sancionada sobre acceso gratuito a la vacuna, sostiene, en primer lugar, que no es necesario ni hay tiempo para tramitar una nueva norma al respecto (tardaría no menos de dos meses y medio). Asegura que la ley vigente desde diciembre contempla la participación de privados a partir de la segunda fase de la vacunación y lo procedente es que el Gobierno expida el decreto reglamentario.

En etapa 5: Ruiz

Desde hace dos meses el sector privado insiste en que se le permita adquirir e importar vacunas para comercializarlas, pero el Gobierno replica que ello no es posible en la primera fase.

Incluso universidades se han mostrado interesadas en participar de este proceso. Según Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, “cumplidas las dos primeras etapas de la fase 1 del PNV, podría permitirse la contribución del sector privado que no riña con los objetivos del Plan sino más bien que lo complemente, en un esfuerzo público-privado para aumentar la consecución de los objetivos del PNV”.  

A ello se suma que algunas gobernaciones y alcaldías también han urgido al Gobierno que les autorice comprar, importar y aplicar vacunas para acelerar la inmunización de la población.

Sin embargo, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, insistió esta semana en que en esta primera fase no se permitirá la participación de los privados y solo podrían hacerlo al final de la segunda, en la etapa 5, cuando se inmunizaría a la mayoría de la población, es decir entre 16 y 59 años sin comorbilidades.

Incluso días atrás Ruiz había indicado que todavía no existía una propuesta clara del sector privado en torno a plan específico para adquirir las vacunas, nivel de factibilidad y viabilidad, cómo serían importadas y el modelo y redes de aplicación, que tendrían que articularse con el PNV.

El Ministro recordó que se necesita un proceso regulatorio para viabilizar esta participación de los privados en todos los pasos de la cadena de vacunación.

Dos debates

No es un debate que se presente solo en Colombia. En Indonesia, por ejemplo, ya se permitió a los privados comprar y vender vacunas, pero el precio lo regula el gobierno. En Alemania, entre tanto, grandes empresas plantean que se les permita comprar los biológicos y administrarlos a sus empleados y familias. En Estados Unidos las vacunas las maneja el gobierno federal pero la empresa privada apoya logísticamente.

Hay dos discusiones de fondo. La primera parte de la tesis de que las multinacionales farmacéuticas que tienen aprobadas vacunas les están negociando directamente con gobiernos y entidades multilaterales como la OMS, y no con consorcios privados.

Para no pocos analistas en un mundo en donde hay escasez de oferta de vacunas, poner al sector público a competir con los privados sería contraproducente, y aumentaría la desigualdad en el acceso a las mismas, porque el mercado privilegiaría a quien tiene dinero para adquirirlas. Algo parecido a lo que hoy ocurre con los gobiernos desarrollados que han acaparado la mayor parte de vacunas afectando a las naciones más pobres. Un problema de equidad en salud pública global y frente a una pandemia que ya ha cobrado más de 2,6 millones de víctimas.

En segundo término está lo relativo a qué es lo más urgente: aplicar el criterio de prioridad, equidad y progresividad con que los gobiernos están distribuyendo hoy las vacunas, o dejar que los privados compren y comercialicen vacunas a quien puede comprarlas, aumentando así la velocidad y cobertura de la inmunización.

“… Los privados deben participar en el proceso para acelerar la vacunación, ya que lo que importa es vacunar y no si la persona pagó o no por ello... Además, si una persona compró la vacuna, deja inmediatamente un cupo en el esquema público para que otra persona acceda a ese turno… El Estado, entonces, llegaría más rápido a la población más pobre, aislada, en donde hay menor posibilidad de aplicar protocolos de bioseguridad, comprar tapabocas todos los días, garantizar el distanciamiento social…”, precisó a EL NUEVO SIGLO un experto en salud pública que pidió la reserva de su nombre.

Otro planteamiento en este sentido sostiene que no se permita el lucro en la venta de la vacuna, pero que las EPS, medicina prepagada, aseguradoras así como alcaldías y gobernaciones puedan adquirir vacunas con sus recursos, acelerando la inmunización de la población y evitando que una parte se enferme crónicamente o muera, lo cual significa un costo alto en materia económica para entidades sanitarias.

Respecto a los riesgos que correría un privado al importar y administrar vacunas, Ferro recordó que en la ley vigente hay un consejo evaluador (distinto al Invima) que analiza la seguridad de los biológicos y se obliga a Gobierno y privados a adquirir pólizas para responder por daños colaterales. Incluso hay una figura que facilitaría a los privados disminuir impuestos si apoyan en vacunación.