Al tiempo que el presidente Santos decidió no dar más largas a la extradición del exfiscal anticorrupción Luis Moreno a EU, cerca de una treintena de parlamentarios y otros políticos son investigados por uno de los mayores escándalos de corrupción en la justicia.

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Con la activación en los últimos días por parte del presidente Santos de la extradición del fiscal anticorrupción, Luis Moreno, se genera un hecho de marca mayor en el proceso del ‘Cartel de la Toga’, como se ha conocido este caso de corrupción que se habría producido entre los años 2012 y 2016 en la Corte Suprema de Justicia (por la compra y venta de fallos favorables propiciada por una red integrada por magistrados, exmagistrados y abogados quienes de esta forma habrían beneficiado a varios congresistas y otros políticos), pues con su envío a EU se pondrá a prueba si efectivamente seguirá colaborando con la justicia o, como ha ocurrido en otras situaciones, se termina también extraditando la verdad.

La Presidencia de la República por medio de la resolución 086 dio vía libre a la extradición de Moreno, quien hasta el momento ha sido el testigo estrella para la Fiscalía contra 26 personas, entre políticos y magistrados, que según él participaron en este ilícito, ya sea como integrantes de esta red o beneficiándose con decisiones amañadas en la Corte Suprema.

Moreno, en procura de alcanzar un principio de oportunidad que le diera beneficios penales contó los intríngulis de la forma en que operó el ‘Cartel de la Toga’ y señaló que su papel consistía en contactar por indicaciones, según él, del exmagistrado Francisco Ricaurte, a políticos encartados judicialmente para ofrecerles salir limpios a cambio de millonarias sumas de dinero.

La justicia colombiana le puso las manos encima a Moreno a mediados del año pasado, justo cuando fungía como jefe anticorrupción en la Fiscalía General, después de que la DEA de EU entregara información y pruebas de conversaciones en que este funcionario y su socio -el también abogado Leonardo Pinilla-, solicitaron en Miami dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para ayudarlo en una investigación que le seguía la Corte Suprema por corrupción durante su mandato en este departamento, por lo que decidió huir a ese país.

En marzo pasado, el exfiscal Moreno se convirtió en el segundo condenado por el ‘Cartel de la Toga’; el primero fue el exgobernador Lyons, a tres años y medio de prisión por los delitos de concusión y utilización ilícita de información privilegiada, que cometió cuando fungió como Fiscal anticorrupción. No obstante, poco después de hacer este anuncio, el Alto Tribunal dijo que se presentó un error en el cálculo de la pena y la ajustó en cuatro años, diez meses y         quince días de prisión.

En tanto que en días pasados la Fiscalía imputó los cargos de cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir y uso indebido de información privilegiada a Gustavo Moreno, todos estos cuando desarrollaba su actividad como abogado.

Sin embargo, Moreno no los aceptó ante el juez. “No los acepto simplemente dejando una claridad: no los acepto con ocasión a un principio de oportunidad que estoy tramitando con la Fiscalía; si no, mi manifestación sería de aceptación de cargos”, dijo Moreno.

En este punto surge el primer inconveniente; si Moreno es extraditado en los próximos días, pues este segundo proceso judicial quedaría en veremos así como su obligación de seguir colaborando con la justicia, como se consigna en el acuerdo de oportunidad que tramita con la Fiscalía.

En la Resolución 086 el Gobierno hace hincapié en que finalizó el plazo para la entrega de colaboración de Moreno en Colombia. Las autoridades federales de Norteamérica lo solicitan para que responda en juicio por los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico.

“El Gobierno nacional no impide que sigan en su curso las actuaciones judiciales o disciplinarias en las que se pueda requerir el testimonio del reclamado. Debe reiterarse que en el evento de que este ciudadano sea requerido para atender diligencias ante autoridades judiciales u organismos de control, las entidades correspondientes tendrán a su alcance los mecanismos de cooperación judicial internacional aplicables entre las partes“, señala esta Resolución.

Lyons

En febrero pasado el exgobernador Alejandro Lyons fue el primer condenado por el ‘Cartel de la Toga’, al avalar la Corte Suprema de Justicia el preacuerdo al que éste llegó. Fue sentenciado a pagar cinco años y tres meses de prisión, más 4.000 millones de pesos de reparación por el delito de concierto para delinquir simple, tras aceptar que pagó cerca de 10 mil dólares a Moreno y Pinilla para que lo ‘ayudaran’ en la investigación que el Alto Tribunal le adelanta.

Los congresistas

Las revelaciones de Luis Gustavo Moreno inicialmente salpicaron al hoy senador suspendido Musa Besaile, quien aceptó ante la Corte Suprema que pagó a Moreno y su organización $2 mil millones para frenar una supuesta orden de captura en su contra.

Musa fue capturado en septiembre del año pasado por orden de la Corte que lo investiga por el delito de peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer. Desde esa apoca el político permanece privado de la libertad en la cárcel La Picota en Bogotá, y por estos días espera reanudar su colaboración con la justicia a cambio de beneficios penales.

También en septiembre del año pasado la Corte abrió una investigación preliminar al senador conservador Hernán Andrade tras ser mencionado como uno de los beneficiados con fallos. No obstante, hace pocos días archivó el caso por no encontrar pruebas que lo comprometieran.

Otros de los congresistas a los que la Corte abrió investigación son el senador Mauricio Lizcano (preliminar); el representante Julio Gallardo (preliminar); el representante Nilton Córdoba Manyoma; el suspendido senador Martín Morales Diz, hoy en prisión por otro proceso; la representante Argenis Velásquez.

Magistrados

La Comisión de Acusación de Cámara por competencia abrió investigación por este escándalo al magistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo así como a los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.

No obstante, el caso de este último pasó a la Fiscalía tras determinar que los delitos en que había incurrido se produjeron como abogado y no como Magistrado. Ricaurte está privado de la libertad desde el año pasado.

También la Fiscalía investiga a los exmagistrados Camilo Tarquino y Henry Villarraga.

En tanto que en el caso de Malo, esta Comisión lo acusó ante la plenaria de Cámara por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción y omisión, cohecho y utilización de información privilegiada con intereses particulares.

A finales de abril pasado, la plenaria de Cámara avaló la investigación de la Comisión al aprobar acusar a Malo ante la plenaria del Senado.

Entre tanto, se está a la espera de la decisión de la Comisión de Acusación sobre el caso de Leonidas Bustos.