A más tardar un mes después de que se posesionen alcaldes y gobernadores este 1 de enero, los partidos y movimientos políticos tendrán que decir públicamente si acompañarán o no sus administraciones

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Luego que en las pasadas elecciones regionales se ‘estrenara’ que los segundos que figuraran en las votaciones a gobernador y alcalde tendrán un escaño asegurado en asamblea y concejo, respectivamente, ahora la novedad es que se aplicará el Estatuto de la Oposición a nivel regional con relación a las administraciones de los 32 departamentos y de los 1.101 distritos y municipios.

La Ley 1909 del 9 de julio de 2018 establece una serie de disposiciones para  garantizar los derechos de los partidos y movimientos que se declaren en oposición al gobierno de turno, como financiación adicional, acceso a los medios de comunicación social del Estado, acceso a la información y a la documentación oficial, derecho de réplica, participación en mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas de elección popular.

La norma, que fue esperada durante 27 años salió por fin avante en el Congreso de la República porque formó parte del acuerdo de paz firmado con la entonces guerrilla de las Farc, contempla la declaración política que por parte los partidos y movimientos políticos frente a un nuevo gobierno, en donde deben dar a conocer públicamente si harán parte de la coalición oficialista, serán independientes o harán oposición.

Sobre el particular el Estatuto de la Oposición consigna en su artículo 6° acerca de la declaración política que “dentro del mes siguiente al inicio del gobierno, so pena de considerarse falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y ser sancionadas de oficio por la autoridad electoral, las organizaciones políticas deberán optar por declararse en oposición, declararse independiente, declararse organización de gobierno. Las organizaciones políticas que inscribieron al candidato electo como Presidente de la República, gobernador o alcalde se tendrán como de gobierno o en coalición de gobierno. En consecuencia, mientras dure su mandato no podrán acceder a los derechos que se le reconocen a las organizaciones políticas de oposición o independientes, en la presente Ley”.

La norma establece también que “las organizaciones políticas podrán por una sola vez y ante la autoridad electoral modificar su declaración política durante el periodo de gobierno”.

Agrega que “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán declararse en oposición, en cualquiera de los niveles de gobierno”, es decir, gobierno nacional, departamental y municipal.

Los gobernadores y alcaldes elegidos en los comicios del pasado 27 de octubre deben posesionarse el miércoles 1 de enero de 2020, lo que significa que los partidos y movimientos políticos con representación en asambleas y concejos tienen hasta el sábado 1 de febrero de ese año para, por medio de una declaración política, dar a conocer si harán parte de la coalición de gobierno, serán independientes u oposición.

Este requerimiento ya se cumplió a nivel nacional pues hasta el 7 de septiembre de 2018 los partidos políticos con presencia en el Congreso informaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) cuál era su postura frente a la administración de Iván Duque.

En esa oportunidad los partidos que se declararon de la coalición de gobierno son el Centro Democrático, La U, el Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres y ASI.

Posteriormente esta última colectividad haciendo uso de la posibilidad que otorga el Estatuto de modificar la declaración política por una vez como máximo en el cuatrienio, se declaró independiente a la administración de Duque Márquez. Previamente se habían declarado independientes los partidos Liberal y Cambio Radical.

En tanto que el bloque de la oposición está integrado por la Alianza Verde, el Polo, la Lista de la Decencia, el MAIS y el Partido Farc.

El reto

Sobre el papel la declaración política debería redundar en que exista en los concejos y asamblea del periodo 2020-2023 una mayor coherencia en la postura de los partidos frente al gobierno de turno porque de entrada tienen que definirse si lo acompañarán o no, o si preferirán ser independientes.

Lo que hoy se ve en las corporaciones públicas a nivel territorial es que las posturas en ocasiones son cambiantes dependiendo de las coyunturas políticas del momento y los ‘favores’ que desde gobernaciones y alcaldías se puedan hacer a corporados, con el propósito de lograr mayorías que habiliten las ordenanzas y acuerdos que son de interés de las administraciones.

También puede suceder con la declaración política un efecto contrario nada positivo, pues los gobernantes territoriales a sabiendas de entrada de los apoyos políticos que tienen y en caso de ser mayoría, no necesitarían mayores esfuerzos para sacar adelante las iniciativas normativas o de desarrollo, y ello podría conllevar al pupitrazo sin que se analice a fondo la calidad y pertinencia de las propuestas.

Otra situación que se puede dar es que gobernantes que se eligieron a través de supercoaliciones, llamadas así por la cantidad de partidos que alcanzaron a ‘reclutar’, prácticamente se tomarán asambleas y concejos pues es lógico entender que estas fuerzas serán parte de la coalición de gobierno.

De suceder así podría producirse un efecto perverso debido a que el control político que es la función primordial que tienen consejos y asambleas prácticamente quedaría anulado por los próximos cuatro años.

Hay varios casos de hoy gobernadores electos que alcanzaron el triunfo en gran medida porque pusieron de su lado la mayoría de fuerzas políticas de una región, como sucedió con Nicolás García en Cundinamarca, quien fue respaldado por la coalición Gran Cundinamarca, integrada por La U, Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador, ASI y MAIS.   

Otro ejemplo de ello es Elsa Noguera, quien se hizo elegir gobernadora del departamento del Atlántico con el coaval de Cambio Radical, Liberal, Centro Democrático y Partido Conservador. También la apoyó MIRA y La U.

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‘Freno’ de mano

No obstante también está el contraseguro de la norma que permite a los partidos cambiar su declaración política por una vez frente al Gobierno de turno en los cuatro años del periodo y así evaluar si vale la pena acompañarlo o no.

En este sentido está por ver la madurez en las regiones para el manejo de esta herramienta del Estatuto de la Oposición.