Una mesa técnica que analizará los textos de los proyectos anticorrupción para poderlos radicar con mensaje de urgencia, a más tardar el 17 de septiembre, acordaron al filo de la medianoche de ayer los promotores de la Consulta Anticorrupción, así como con los jefes de los organismos de control, presidentes y voceros de los partidos políticos que se reunieron en la Casa de Nariño con el presidente Iván Duque.

“Hemos avanzado muchísimo”, dijo Duque en alocución radiotelevisada, para “que podamos en los próximos meses y de cara al fin de este período legislativo en el mes de diciembre, darle a los colombianos la noticia de haber sacado adelante todos estos proyectos de ley”.

Por su parte, el exsenador Jorge Iván Ospina, presidente de la Alianza Verde indicó que “estamos muy contentos de que se haya podido tejer esta intencionalidad a iniciativa del señor Presidente”.

“Se llegó al acuerdo de que se va a respaldar la agenda del presidente Duque”, precisó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, agregando que en una mesa técnica “se van a discutir las propuestas anticorrupción que tienen todos los partidos. Vamos a arrancar con los cinco proyectos que ha presentado el presidente Duque” y “todos los partidos manifestaron los puntos que quieren adicionar a esa gran agenda anticorrupción del presidente Duque”.

Por su parte, la exsenadora Claudia López, de la Alianza Verde, precisó que “se radicarán cuatro proyectos adicionales para dar cumplimiento a los mandatos de la Consulta Anticorrupción” que junto a tres proyectos que ya radicó el Gobierno que tienen que ver con puntos de la Consulta (el de pliego tipo, el de levantar la reserva de las declaraciones de bienes y el de limitar los períodos de los congresistas) y los proyectos de la Procuraduría y la Fiscalía, así como la reforma política y electoral del Ejecutivo, constituirán un primer paquete legislativo de diez iniciativas que recibirá mensaje de urgencia, y los partidos se comprometen a aprobarlos de aquí a diciembre.

Foto El Nuevo Siglo - Andrés Rot.

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Las colectividades reunidas anoche conformarán una mesa técnica para preparar otras iniciativas que conformarán un segundo paquete legislativo anticorrupción.

A su turno, el dirigente del partido Farc, Rodrigo Londoño, consideró que con lo acordado “se recogió un clamor del pueblo colombiano, fruto de las elecciones del pasado domingo que va a ayudar mucho en la reconciliación”.

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El también senador Gustavo Petro también arribó al lugar. Allí, el congresista de la Colombia Humana aseguró que la llegada de alias 'Timochenko' a la Casa de Nariño "es un mensaje de paz".

"Viene es a hablar con quienes no les otorgaban de verdad una personería política, ni en la existencia del conflicto ni después. En la práctica el Presidente de Colombia y vocero político del Centro Democrático le está dando personería política a las Farc al permitir una reunión con él".

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Proyectos

La principal razón que esbozaron los promotores de la Consulta para llevarla a cabo, es que cinco iniciativas en este sentido que presentaron al Congreso en repetidas oportunidades no prosperaron.

Sin embargo, después de que este mecanismo ciudadano no alcanzara el umbral de participación el pasado domingo, ahora paradójicamente todas las miradas se posan sobre el Legislativo porque tendrá en sus manos una cantidad nunca antes vista junta de proyectos proveniente del Gobierno, los organismos de control y los partidos políticos para combatir este flagelo.

El lunes, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, señaló que el Gobierno recibió como un mandato el resultado de esta consulta, ya que la participación de 11 millones de ciudadanos es una muestra de que el país quiere unas medidas rápidas y efectivas.

“Entendemos que la expresión espontánea y libre” del domingo “significa que el país quiere que hayan unas medidas urgentes, rápidas y contundentes en contra de la corrupción. Este tema hace parte de la propuesta del presidente Iván Duque, de su desempeño como senador y del programa del Gobierno nacional”, afirmó Gutiérrez.

En este sentido, anunció que “cualquier mecanismo es válido, el Gobierno está dispuesto a escuchar las propuestas de los sectores políticos. Hay muchas normas aprobadas pero se quedan en solo un texto (…) el Gobierno tiene total disponibilidad de acompañar todos los proyectos necesarios para combatir la corrupción”.

La administración Duque presentó al Congreso al día siguiente de posesionarse cuatro iniciativas. Una es el proyecto de ley 82 de 2018 que establece documentos tipo para los pliegos de condiciones de todo proceso de selección que mediante licitación pública deba adelantarse por cualquier entidad de derecho público.

El fiscal Néstor Humberto Martínez pidió esta semana al Congreso aprobar la iniciativa que su despacho presentó contra la corrupción, argumentando que el “éxito de la consulta impone al Senado aprobar proyecto ley anticorrupción que incluye fin de casa por cárcel para corruptos en todos los casos, suspensión de pagos en contratos sucios, dobles penas en graves casos de corrupción y obligación de denuncia ciudadana, entre otras”.

El 17 de agosto el saliente contralor Edgardo Maya radicó un proyecto de ley que modifica las normas que rigen los procesos de responsabilidad fiscal que se adelantan en este organismo de control, esto con el fin de evitar en lo posible de que prescriban.

El 13 de agosto el procurador Fernando Carrillo le propuso al Gobierno nacional presentar un proyecto de ley para modificar las corporaciones autónomas regionales, a las que calificó de ser el “nido de corrupción más grande que ataca los derechos fundamentales en Colombia”, y expresó su oposición a la propuesta de impulsar en el escenario de las Naciones Unidas la creación de una Corte Penal Anticorrupción.

La ministra Gutiérrez anunció ayer que el Gobierno apoya un proyecto que radicó en días pasados el Centro Democrático para congelar el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado.

“Hay otra propuesta que presentó el Centro Democrático, encaminada a congelar el aumento de los salarios, que llevaría en el mediano plazo, a disminuir el costo total del aumento y de igualarlo con el resto de los incrementos salariales del país, que en últimas es la medida que se está buscando”, señaló Gutiérrez.

Y agregó que “ahí se respetan todos los demás sistema salariales que dependen de la fijación del salario de los congresistas, es decir, de la Rama Judicial y algunas otras entidades ajenas al Gobierno”.