Con 64 votos a favor y uno en contra, la plenaria del Senado aprobó los ascensos de los altos militares tal como venían desde la Comisión Segunda.

De la Policía Nacional fueron ascendidos los generales Oscar Atehortúa, Carlos Ernesto Rodríguez, Willian Ernesto Ruiz, Fabio Hernán López, Herman Alejandro Bustamante, Ramiro Castrillón y Fabián Laurence Cárdenas.

Por el Ejército Nacional, ascendieron Luis Fernando Navarro, Nicacio de Jesús Martínez y Ricardo Jiménez.

En el caso de la Armada ascendieron Álvaro Augusto Cubillos y Evelio Enrique de Jesús Ramírez, y por la Fuerza Aérea lo hizo Ramsés Rueda.

En la plenaria suscitaron debate las publicaciones internacionales que acusan al Ejército de promover la política de conteo de cuerpos, con lo que se puso en duda por parte de una minoría de congresistas la viabilidad de ascender al general Martínez, comandante de esa fuerza.

Debate

Según el senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), “en Colombia existe la presunción de inocencia no se trata de condenar a ningún oficial lo que se hace es una valoración política que deben asumir los civiles al mando. Al general Nicacio no le corresponde asumir ese peso. Todos quienes lo conocen enaltecen sus cualidades. Asuma la responsabilidad política señor Ministro”, refiriéndose al jefe de la cartera de Defensa, Guillermo Botero; “si lo hace no caerá sobre los hombros de sus oficiales que están aquí ese juicio político. Las decisiones de este Congreso son políticas y no penales”.

El senador Jorge Durán, del Partido Liberal y ponente del ascenso del general Martínez, explicó que analizando la hoja de vida del oficial no encontró que tuviera una sola falta.

“Frente a las investigaciones que citan, no hay investigaciones formales ni preliminares por el caso de los falsos positivos”, precisó, agregando que solo hay una investigación preliminar en la Procuraduría, iniciada con base en el escrito de The New York Times. “Mi pregunta es: ¿Es justo negar el ascenso por una investigación preliminar? Nosotros creemos que no”.

La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, aseguró que antes de aceptar el ascenso se solicitó a la Procuraduría y la Fiscalía los certificados de posibles investigaciones del uniformado y que “lo que establece el documento es que no hay registro relacionado con incidentes o presuntas responsabilidades frente al DIH o violaciones a los derechos humanos”.

Sin embargo, la oposición solicitó a la plenaria votar de manera separada el ascenso de Martínez y votar en bloque las otras que no tenían ninguna oposición. Sin embargo, la proposición no fue aceptada por la plenaria de la corporación.

Alexander López, del Polo Democrático, anunció que ante las dudas la bancada de su partido se retiraba del recinto, alegando que “no es cierto que no queramos a las Fuerzas Militares. El general no ha sido juzgado, pero le debe dar unas explicaciones no tanto a la justicia, pero sí a las víctimas que requieren una explicación. Al no aceptarse nuestra proposición preferimos retirarnos”.

No figura

El senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, sostuvo que en 2008 su gobierno decidió, ante el escándalo de los llamados falsos positivos, desvincular 27 altos oficiales que podían tener alguna relación con esa práctica, pero “el nombre del general Martínez no apareció en esa lista que con rigor investigativo confeccionó el Ministerio de Defensa. Es muy importante saber que el general Martínez no hizo parte del listado de presuntos responsables de violaciones de derechos humanos esos oficiales fueron separados por mi decisión”.

A su turno, el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, le recordó al Senado “que fue en este recinto donde se permitió el ascenso del general Santoyo” y exigió “respeto para las opiniones que aquí expresamos”.

En defensa del general, el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, señaló que las acusaciones contra el general Martínez son infundadas “él era el jefe de Estado Mayor, es decir, el segundo en la brigada y su responsabilidad es administrativa es una especie de secretario general sin mando operacional. El hecho que atribuyen es que autorizó el pago de una recompensa, como pagador no como ordenador del gasto, quien funge como ordenador del gasto es el batallón”.

Tras la votación el ministro de Defensa, Guillermo Botero, defendió su labor como jefe de la cartera y la calificó de “impecable”, además dijo que en la política integral de defensa y seguridad presentada por el Gobierno “están todos los aspectos que vamos a desarrollar y se hizo con lujo de detalles. Allí conservamos los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el número uno, el documento dice: privilegiar como medición de los resultados operacionales las desmovilizaciones sobre las capturas y estas a su vez sobre las muertes en combate. El general Martínez tiene una hoja impecable. Lo paradójico es que cuando estaba en una brigada le endilgan la responsabilidad con operaciones militares y cuando estaba en la cuarta brigada como responsable de las operaciones militares le endilgan responsabilidades administrativas”.

Por último, Martínez aceptó el ascenso y le agradeció al Congreso: “Recibo este honor en nombre de todos los soldados del Ejército. Nosotros tenemos unas autoridades judiciales, a las que siempre he estado atento en acatar las exigencias y estaremos prestos a aclarar las situaciones que haya que aclarar”.