Los siete años de su aplicación hasta ahora deja unos resultados que distan mucho de las ambiciosas metas que se fijaron. 

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En tres años vence esta norma que se fijó la titánica meta de indemnizar a más de ocho millones de afectados y restituir más de seis millones de hectáreas usurpadas en el conflicto armado, pero los resultados no son los esperados. En el Congreso y otros sectores piden prorrogarla

El 10 de junio de 2021 finalizará la vigencia de una década de la Ley 1448 de 2011, la cual fue impulsada por el primer gobierno de Juan Manuel Santos para que el Estado por primera vez se comprometiera a reparar a las víctimas que dejó el conflicto armado.

No obstante, los siete años de su aplicación hasta ahora deja unos resultados que distan mucho de las ambiciosas metas que se fijaron. Por ejemplo, han sido indemnizados un poco más de 700.000 afectados, cuando el registro pasa de ocho millones; no son mejores los números en restitución de tierras. Por ello cada vez son más las voces que piden extender la norma en el tiempo.

El senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), le dijo a EL NUEVO SIGLO que “hay que reconocer que Colombia ha reparado más víctimas que cualquier otro país en la historia y que en cualquier otra guerra, incluyendo la Segunda. Sin embargo, como la meta que nos pusimos es tan ambiciosa (más de ocho millones de víctimas), por supuesto toda la tarea está por hacer, de manera que es indispensable. Parte de los compromisos de quien pretenda ser Presidente, y una de las exigencias nuestras, es la prórroga de la Ley de Víctimas, por lo menos durante los tres periodos presidenciales que el Acto Legislativo 01 del 2017 determinó necesarios para implementar los acuerdos de paz”.

Por su parte el senador Antonio Navarro, del partido Alianza Verde, le indicó a este Diario que está “totalmente de acuerdo. Hay que prorrogar. Entre otras cosas, porque hay más de ocho millones de víctimas y de ese porcentaje han recibido algún tipo de indemnización de lo que establece la Ley una porción muy pequeña -no llega al 10%-; entonces sí es indispensable prorrogar la Ley y ver de qué manera se presupuestan rubros de indemnización que correspondan a prioridades claras, sobre todo para los sectores de víctimas más sensibles. Pero evidentemente no se puede dejar vencer la Ley sin realmente darle la mano a esas víctimas”.  

En tanto que el representante del Partido Conservador, Telésforo Pedraza, le dijo a este Diario que “no podemos cerrar los ojos frente a lo que ha sido este desastre causado por todas las organizaciones criminales que le han causado tanto daño al país y que lamentablemente a la hora de la verdad han escondido su compromiso y su responsabilidad. Los paramilitares que causaron tantas tragedias, que se robaron los fiscos departamentales y municipales, que ampliaron las rutas del narcotráfico, que pusieron testaferros, y no poco también con las demás organizaciones que estuvieron al margen de la ley, siempre causando tanto dolor y víctimas; que a la hora de la verdad los recursos que ellos han aportado no corresponden a toda esa masa de recursos que acumularon a base de la criminalidad”.

Agregó Pedraza que, “entonces, tenemos que seguir los colombianos del común pagando impuestos cuando ellos están ocultando toda esa riqueza, de tal manera que me parece que tenemos que prorrogar esta Ley para efectos de que las víctimas puedan seguir siendo atendidas y recibir las indemnizaciones que merecen”. 

Mientras que el senador Jorge Hernando Pedraza, también del Partido Conservador, le dijo a este Diario que “el tratamiento del Estado colombiano con las víctimas no debe ser de una ley simplemente. Tiene que ser una política de Estado estable y permanente, porque hay víctimas del pasado, víctimas del presente y seguramente que, si Colombia mantiene el conflicto, habrá víctimas en el futuro”.

Recalcó que la política de víctimas tiene que ser de Estado, “trascender de una ley con límite determinado y trascender de los gobiernos”.

La directora de la Unidad de Víctimas, Yolanda Pinto, dijo en días pasados que “el llamado es a los candidatos presidenciales, y lo hago yo como víctima del conflicto armado, para que mantenga y ojalá mejore el compromiso con la reparación de las víctimas. Esto no es política de un Gobierno, es política de Estado”.

Con reservas

El Representante por Antioquia, Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, le dijo a este Diario que a tres años de que finalice la vigencia de la Ley 1448 “es bastante anticipado pensar qué es lo que se va a hacer con esta Ley. Habrá que hacer un estudio muy profundo de cuál ha sido el resultado pragmático de la aplicación  de la misma, cuántas personas han sido indemnizadas efectivamente, cuántas han sido reparadas colectivamente y en qué consiste esa reparación. También habrá que pensar cuánta verdad se ha alcanzado por Ministerio de la misma norma y cuáles son las acciones que el Estado ha venido emprendiendo para evitar realmente una revictimización”.

También agregó que “también, por qué no decirlo, cuáles son los sistemas de control que estableció esa Ley para que realmente quienes tuvieran acceso a los beneficios fueran las verdaderas víctimas y no otro tipo de personas que de pronto pudieran aprovechar las circunstancias”.

Añadió que son muchas preguntas que “nos deberemos responder antes de ponernos a decir con un simplismo irresponsable que la Ley se debe renovar”.

Pérez puso de presente que “estoy seguro de que ese es un tema que le corresponderá al próximo gobierno, al próximo Congreso”. 

Pendiente de implementación

Marco Romero, Director del Codhes (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), le dijo a este Diario que “el acuerdo de paz estableció en el punto 5.1.3.7 que la Ley de Víctimas debería ser reformada para garantizar tres cosas: superar las falencias que hasta ahora hay en la atención de las víctimas. Dos, fortalecer nuevos programas que demanda la construcción de la paz. Y tres, ampliar algunos sujetos como la reparación colectiva de empresarios y de otros grupos, es decir, adecuar la Ley de Víctimas a las decisiones del proceso de paz”.

Añadió que se acordó en La Habana “que habría una consulta a las víctimas. Esa se hizo, la hizo el Gobierno, pero luego no expidió un decreto-ley, ni siquiera presentó un proyecto al Congreso de la República en el marco del fast track. O sea que la reforma a la Ley de Víctimas no se hizo”.

Agregó Romero que “hay que hacerla por muy distintas razones. No solo por las exigencias del proceso de paz, sino que por ejemplo, hay que volver a abrir el registro porque éste abrió la compuerta a nuevas víctimas de otros tiempos que necesitan que haya una ampliación del registro”.

Dijo también que “hay problemas muy serios con esto y desafortunadamente no hay una reforma en el marco del fast track. Es decir, éste es uno de los temas que quedó aplazado y pendiente de la implementación del Acuerdo de Paz, y obviamente esta reforma prevé la ampliación de la Ley de Víctimas porque es una Ley que se está agotando en el tiempo y no ha cumplido con el objetivo que tenía en los diez años para los cuales fue pensada”.