El rechazo generalizado al ya hundido proyecto de acto legislativo que buscaba unificar el periodo del Presidente de la República y del Congreso con el de gobernadores y alcaldes, no acaba, sin embargo, la recurrente discusión en torno a la necesidad de un ajuste institucional no solo en esta materia sino en otras instancias de los tres poderes públicos y su interacción.

Prueba de ello es que la iniciativa de unificar periodos del Jefe de Estado con el de gobernadores y alcaldes no es nueva. Para no ir tan lejos en el anterior gobierno, en 2014, el entonces presidente Juan Manuel Santos consideró necesario para el país dar ese paso.

“Nosotros no incluimos eso en la Reforma al Equilibrio de Poderes, pero sí vamos a incluir una propuesta en ese sentido, a sabiendas que es controvertida y que hay argumentos válidos contra esa aspiración”, advirtió Santos por esos días.

Argumentó el entonces titular de la Casa de Nariño que el objetivo de la reforma sería impulsar las administraciones regionales y municipales para que no tengan obstáculos en la ejecución de sus políticas, así como propiciar una mayor independencia a alcaldes y gobernadores que, cuando arrancan sus periodos, deben ajustarse al plan de desarrollo de un Presidente que ya lleva año y medio en el cargo.

De hecho, la necesidad de facilitar esa articulación fue lo que llevó a Gilberto Toro, director de la Federación Colombiana de Municipios, a respaldar el proyecto de alargue de periodos que se hundió esta semana en la Cámara apenas 24 horas después de ser radicado, luego de que las bancadas y los partidos desautorizaran a la mayoría de los 25 parlamentarios que firmaron la controvertida iniciativa.

Según Toro, unificar los periodos “hace que los planes de desarrollo se articulen de una manera más efectiva y podamos tener mayor tiempo de trabajar entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales. Eso ayuda. Pero indiscutiblemente se requiere algo más, por lo menos que los periodos de todos sean de al menos cinco años”.

Lo cierto es que alargar los periodos por una sola vez (como lo proponía el hundido proyecto) o ampliarlos de forma permanente, es una propuesta que seguirá surgiendo a corto y mediano plazos. Es más, hay planteamientos de congresistas y dirigentes políticos que sostienen que, en lugar de apostar por estas alternativas, que podrían generar un desbarajuste institucional y una violación flagrante a las reglas del juego de la democracia, lo que debería hacerse es no tocar los periodos cuatrienales e instituir la reelección inmediata en gobernaciones y alcaldías, pero no así en la Presidencia de la República.

Incluso, hay quienes consideran que la reforma a la estructura del Estado debe ir más allá de los periodos de los mandatarios de elección popular, y abarcar asuntos relacionados con las jerarquías de la administración de Justicia y la forma en que el Congreso participa, como juez y elector, de esta. Asimismo, se proponen modificaciones de fondo a la estructura de los tres poderes y su interacción.

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Algunos ajustes

El exministro Alfonso Gómez Méndez indicó a EL NUEVO SIGLO que “la Constitución del 91 en términos generales es buena en la parte dogmática pero ha sido un desastre total en la parte orgánica en cuanto al manejo, en cuanto a la estructura del Estado. Por ejemplo, todo lo que ha tenido que ver con el poder judicial, en cierta forma ha facilitado la politización de la justicia porque antes del 91 no había ningún contacto entre la justicia y la política”.

Agregó que después del 91 “… el hecho de que algunos magistrados, llámese del Consejo de la Judicatura o incluso de la Corte Constitucional, fueron nombrados por el Congreso, abrió esa puerta”.

El exfiscal general dijo también que el hecho de que la Constitución haya colocado a los magistrados de las altas Cortes “en la condición de jueces del Congreso, y al Congreso a su vez en jueces de la judicatura, pues ha dificultado que se puedan establecer responsabilidades”.

Enfatizó el exprocurador general que “fallas hay muchas. En la parte estructural está el hecho de haber prohibido que los congresistas fueran ministros, supuestamente para conservar la independencia del Congreso, pero permite que les nombre (el Gobierno) a sus hermanos, a sus primos, a sus esposas, a sus compañeros permanentes, a sus aliados políticos. Entonces no logró tampoco la independencia de poderes entre el Congreso y el Presidente”.

Agregó Gómez Méndez que no está tan convencido de que deban coincidir los periodos del Presidente de la República, gobernadores y alcaldes. “Muchas veces para preservar autonomía es mejor que los alcaldes y gobernadores no respondan a las mismas políticas del nivel central. Lo que ha ocurrido últimamente es que las propuestas que hay en este sentido se han unido a que haya prórroga de periodos o recorte de periodos, y ambos afectan un principio constitucional de que los periodos se deben respetar”.

No obstante, Gómez consideró “que eso se puede analizar, pero no en época electoral”.

Por su parte el exconstituyente Eduardo Verano de la Rosa, dijo a EL NUEVO SIGLO que el “sistema de elección con diferentes fechas se diseñó de esa manera con el argumento de evitar que hubiese interferencia de las elecciones locales con la escogencia de Presidente de la República. Por eso es por lo que se fijaron tres elecciones diferentes: una la del Congreso de la República, otra de las autoridades locales y otra fecha diferente es la elección del Presidente de la República para evitar que las fuerzas políticas locales tuviesen una mayor injerencia en la escogencia de este”.   

Agregó que también se buscó con esa diferenciación que “la escogencia de las autoridades locales no tenga, a su vez, tampoco interferencia en la escogencia del Congreso de la República. Esa fue la explicación que se dio en ese momento y fue sobre esa base en que hubo una discusión muy profunda en la Constituyente”.

No obstante Verano de la Rosa señaló que si “eso se deba mantener ahora, después de 30 años, sobre la experiencia que se ha tenido positiva o negativa, hay que evaluarlo y tomar una decisión de fondo”.

El exministro y exgobernador expresó que “hemos estado luchando para que todo el proceso de regionalización, de ordenamiento territorial del país descentralizado surja nítidamente, y eso no ha sido posible, ha habido muchas talanqueras”.

Otras propuestas de ajuste

 . Ampliación del periodo del jefe de Estado, gobernadores y alcaldes de 4 a 5 años

. Reducción del Congreso en número de curules o incluso dejar una sola cámara

. Suprimir funciones electorales a la Corte Suprema y Consejo de Estado

. Crear una super Corte que agrupe la Constitucional, Suprema de Justicia y Consejo de Estado

. Eliminar la Vicepresidencia y volver a la figura del designado

. Que elección del Procurador General, Contralor General y Defensar del Pueblo no esté en manos del Congreso

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