Los artículos incluidos por el Centro Democrático en el proyecto de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no serían inconstitucionales, según lo expresado por varios juristas consultados por EL NUEVO SIGLO.

El apego de dichas normas a la Constitución fue cuestionado por voceros del saliente Gobierno, así como por algunos congresistas.

Sin embargo, para el exministro Jaime Castro no habría ningún problema en ese sentido, pues por ejemplo la JEP no puede decretar pruebas en casos de postulados pedidos en extradición, “pero obviamente sí las puede decretar la justicia ordinaria”.

Castro explicó que si piden en extradición a alguien, la JEP mira y dice que el hecho se cometió después de firmados los acuerdos y por consiguiente se va para la justicia ordinaria.

“El señor solicitado en extradición puede probar ante la justicia ordinaria que él sí fue narcotraficante antes de la firma de los acuerdos” pero no reincidió después “y entonces la justicia ordinaria devuelve el tema a la JEP”, anotó el jurista, recalcando que el solicitado en extradición tiene permanentemente la posibilidad de establecer probatoriamente que esos hechos ocurrieron antes de la firma de los acuerdos.

Por su lado, el representante por Caldas, Hernán Penagos, de La U, dijo que el primer artículo sobre el tema de extradición estaría apegado a la Carta Magna, entre otras razones por lo que dijo esta semana la Corte Constitucional frente al tema de extradición está claro que la JEP solo puede pronunciarse en relación a le fecha de los hecho.

“Con la información que les va a llegar, creo que es suficiente para tomar la decisión, porque les llega del gobierno de los Estados Unidos”, precisó.

Dijo Castro que “el otro tema de una sala especializada para los militares es un poco comparable a lo que durante mucho tiempo se discutió sobre la doble instancia para los congresistas en la Corte Suprema Justicia. Ellos siempre pidieron doble instancia y se la terminaron concediendo. Mientras se la concedieron fueron investigados y sancionados. Algunos de ellos hoy en día están pidiendo la doble instancia”, agregando que “no veo que eso sea inconstitucionalidad, porque no desconocen ningún derecho. Los que presentaron el artículo dicen que los militares tendrán más garantías y sus casos serán sancionados por personas que conozcan esos temas, que sean especializados. Y esos nuevos magistrados ya no serán nombrados por extranjeros, sino por cortes colombianas”.

Para el jurista Juan Manuel Charry el primer artículo sobre extradición es totalmente constitucional, en tanto que el segundo, relativo a la sala especial, hay que estudiarlo con mayor detenimiento.

Por su lado, el exmagistrado Jaime Arrubla manifestó que “son dos cosas muy concretas. Una es la sala especial para el juzgamiento de los militares” y que “no veo eso en que pueda afectar la Constitución. Eso simplemente es una organización interna que la JEP pueda dividirse por salas. No veo cual pueda ser el problema constitucional”.

Sobre la extracción, Arrubla indicó que “eso siempre ha sido así (…) Es un trámite administrativo. No es un juicio y por lo tanto no le corresponde al que tiene el trámite entrar a una valoración de responsabilidades. Obviamente miraran las pruebas que hay para establecer la fecha del delito. Allí tampoco veo ningún problema de orden constitucional”.

A su turno, el jurista Rafael Nieto Navia señaló que “son totalmente constitucionales. En primer lugar, el tema de la JEP es clarísimo, porque eso es lo que dice el tratado del acuerdo con las Farc: que quienes hayan incurrido en delitos con posterioridad al 1 de diciembre del 2016 es un tema de la justicia ordinaria, pero aceptó que sea la JEP que diga si esa es la fecha  o no”.

“Eso de que la sentencia de la Corte avaló lo de los tres años, es cierto, pero eso no puede amarrar al país”, dijo, señalando que “eso es discutible”, pero “en principio creo que sí es constitucional”.

Otras opiniones

El senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, dijo que los ajustes “son totalmente constitucionales, porque debemos aprender a pensar que todo lo que determine el legislativo tiene presunción de constitucionalidad. Que el Gobierno no siga pontificando sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de los actos, que es la manera más vulgar de intervenir en el proceso democrático de separación de poderes”.

Gaviria anotó que “el estudio de constitucionalidad lo va hacer es la Corte y no el Ejecutivo. Nosotros simplemente tomamos determinaciones con base a nuestros conocimientos del derecho y creemos que están atenidas completamente a la Constitución y las leyes estatuarias”.

El legislador Alfredo Rangel, también del Centro Democrático, resaltó que el primer artículo nuevo “lo que hace es precisar de manera exacta cuál es el alcance de la JEP en torno a los pedidos de extradición, sin tener ningún tipo de duda o ambigüedad”.

“El otro artículo lo que da es una oportunidad de escogencia a los militares para someterse al tribunal actual de la JEP o a otro tribunal que tenga un origen distinto y unos procedimientos diferentes que les den garantías a quienes quieran demostrar su inocencia, y no solamente reconocer delitos que se cometieron o eventualmente no se cometieron”.

Argumentó que no se trata de darles doble instancia a los militares, sino que “es una doble opción de irse o por el tribunal actual o por el otro tribunal que se cree. Diría que los militares culpables, a quienes se le ha demostrado la culpabilidad de hechos relacionados con el orden público y quieren resolver prontamente su situación, claro que les interesa someterse al tribunal actual, porque allí simplemente hacen un reconocimiento de la verdad”.