Ni la pandemia del coronavirus que obligó al confinamiento estricto en todo el país desde marzo del año pasado logró disminuir las acciones violentas contra los activistas políticos, a juzgar por el más reciente informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac.

De acuerdo con el análisis, solo en el mes de diciembre pasado fueron asesinados en diferentes regiones 18 activistas, desde líderes comunales de barrios y comunidades rurales, pasando por docentes, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y militantes de diferentes movimientos políticos. En noviembre de 2020 esa cifra había llegado a 15.

Y un dato adicional: “En diciembre de 2020 el Cerac registró 19 días no consecutivos en los que no hubo registro de muertes asociadas a hechos de violencia política, lo que significa que en los 12 días restantes se presentó un promedio de 1,5 crímenes diarios".

Lo paradójico es que de acuerdo con cifras oficiales en 2020 la reducción de homicidios llegó a casi el 5%, los crímenes de personas vinculadas a la representación de grupos sociales crecieron 36%, al pasar de 139 homicidios en 2019 a 187 el año pasado.

Una de las cifras que destaca el Cerac cuando afirma que “2020 fue el segundo año con mayor número de muertes desde que se registra ese tipo de violencia política” es que el año pasado “16 personas fueron asesinadas en promedio cada mes en acciones de violencia política, 45% más que el promedio mensual registrado en 2019 (11 muertes)”.

Sin duda, afirma Jorge Restrepo, director ejecutivo del Cerac, “es un deterioro considerable de la seguridad para estos dirigentes políticos comunales, durante el último año”.

Un aspecto que agrava la situación, de acuerdo con el experto, es que el incremento de la inseguridad personal para defensores, activistas y líderes sociales sucedió en medio de la pandemia y en un año no electoral”.

Tampoco es fácil de explicar, según el análisis, que el mayor número de muertes registradas por mes se presentó en enero de 2020 con 23 homicidios, “nivel que no era observado desde julio y agosto de 2018 cuando se registraron 25 y 24 muertes, respectivamente”, agrega el Cerac.

Para este centro de estudios, la violencia política se entiende como “los eventos en los que se busca causar un daño intencional a una persona involucrada en actividades de ejercicio del poder, representación colectiva de intereses, o ampliación y construcción de poder en la sociedad. Los eventos que incluyen la violencia política son aquellos en los que ocurre un daño intencional causado contra individuos, grupos o comunidades de personas que tienen como finalidad afectar las preferencias políticas, los niveles de representación y organización comunitaria o la toma de decisiones colectivas.

Cerac, igualmente, define como criterios de inclusión adicionales de acciones violentas las que son dirigidas a personas que pertenecen a grupos políticos independientemente de las motivaciones del hecho.

En esta categoría se incluyen las agresiones o las amenazas de agresión contra individuos o colectividades que buscan ejercer el poder político a través de la participación en procesos electorales. Esta categoría incluye tanto a candidatos a cargos públicos, como a operadores de sus campañas (colaboradores inmediatos) y a militantes de partidos políticos.

Factores de violencia

Un elemento de juicio que plantea el director del Cerac para explicar el incremento de la violencia política es la relación que existe entre la criminalidad y el Acuerdo de Paz suscrito con la guerrilla de las Farc en 2016.

“La causas de la violencia política están relacionadas con el Acuerdo de Paz pero no son causadas por el mismo acuerdo. Por el contrario, tras el acuerdo hubo una reducción importante de la criminalidad, pero en algunas regiones hay rearmes y disidencias, hay disputas por corredores del narcotráfico, hay explotación ilegal de industrias extractivas está el tráfico de drogas y los cultivos ilegales”, explica Restrepo.

Esto ha conllevado, agrega el catedrático, a una intensificación de las disputas entre los grupos armados criminales por el dominio territorial dejando en medio como principal víctima a la población civil.

“Estas disputas asociadas a la violencia política ocurren en lugares donde hay disputas territoriales. La violencia política quiere doblegar a la población civil que se opone a los intereses criminales, entonces se recurre a la agresión contra quienes hacen política en las regiones. Por eso hay que proteger a los líderes comunales, los defensores de derechos humanos y defensores ambientales, porque cada crimen está motivado por muchos intereses”, sostiene.

Por su parte, el exconsejero de Seguridad Nacional, Armando Borrero Mansilla, ve como principal causante de la violencia política el incumplimiento del Acuerdo de Paz.

“Entre los años 2016 y 2018 tuvimos una etapa mucho más pacífica, pero al socavarse los acuerdos se ha creado un ambiente político más alterado porque muchos intereses que estuvieron quietos por la presencia de las Farc ahora están exacerbados”.

Borrero sostiene que el narcotráfico hace su “gran aporte” a la violencia, pero no es la única causa. “El narcotráfico ha estado presente en Colombia durante los últimos 40 años y siempre ha producido violencia, pero este tipo de violencia selectiva tiene muchos ingredientes, uno de los principales son los intereses que hay en cada territorio: la minería en Antioquia, los cultivos ilegales en el Cauca, el coltán en Guanía, etc. Y lo peor es que el Estado no actúa, la Fuerza Pública sabe dónde están los actores ilegales, sabe cuáles son los problemas de cada región”.

Por ejemplo, dice el exconsejero de Seguridad, “la frontera (Venezuela) es un hervidero, hay muchos crímenes, es un caos total, pero el Estado no actúa”, sostiene.

El director del Cerac concluye que a pesar de la crítica situación es necesario avanzar en tres direcciones para cambiar la tendencia de violencia: involucrar de manera orgánica a las autoridades de Policía y a las Fuerzas Militares en la protección de las comunidades y sus representantes; mejorar la labor de investigación, judicialización de los responsables de esa violencia política, y trabajar en estrategias que generen confianza en la relación comunidad-autoridades.