El mecanismo está en tela de juicio después de que esta semana la Corte iniciara indagación a 50 parlamentarios que se habrían beneficiado con la llamada ‘mermelada’. No obstante hay quienes consideran que hace parte de la labor del congresista gestionar recursos para sus regiones 

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Los recursos públicos que se acostumbra entregar a través de los parlamentarios para obras de inversión en sus regiones quedaron esta semana en el ojo del huracán, debido a la indagación preliminar que abrió la Corte Suprema a 50 congresistas y ex congresistas porque supuestamente entre 2013 y 2014 sirvieron para financiar sus campañas políticas. En ese sentido algunos han planteado eliminarlos, sin embargo, otros consideran lo contrario señalando que este tipo de gestión es parte de la labor de los legisladores y lo que se debe hacer es otorgarlos a plena luz del día y con verificación para garantizar su transparencia.

En ello coincidieron conocedores del tema consultados por EL NUEVO SIGLO.

Se sabe que los parlamentarios son voceros del pueblo colombiano en general, lo que no obsta para que en su labor defiendan también los intereses particulares de las regiones por las que son elegidos y en donde, por obvias razones, tienen sus votos.

En ese sentido tanto como el Congreso es vieja la costumbre de los diferentes gobiernos de asignar partidas a los parlamentarios para que tramiten obras de desarrollo en sus regiones. Primero se llamaron auxilios, luego auxilios parlamentarios y tras estos últimos ser prohibidos por la Constitución del 91, se inventaron los cupos indicativos, en los cuales el congresista no crea a su antojo la partida de gasto sino que la recibe ya creada presupuestalmente.

Deben permanecer

El senador liberal Juan Manuel Galán dijo “lo que creo es que cualquier proceso de gestión e inversión por parte de congresistas para sus regiones, que es absolutamente legítimo y se da en todos los países del mundo, se debe hacer por encima de la mesa, se debe dar de manera transparente, de cara a las comunidades, que las comunidades sean las mayores empoderadas de vigilar y controlar la transparencia de la inversión de estos recursos, que efectivamente lleguen, que se ejecuten y que puedan hacer la trazabilidad de esos recursos en tiempo real de cómo se invierten en las obras, de los materiales de las obras, la calidad de las obras, de las interventorías”.

Añadió que “creo que hay que buscar una reforma a fondo, pero el norte de la reforma es hacer transparente la adjudicación, el giro de estos  recursos y que sobre todo que las comunidades sean las garantes que se ejecuten bien, lleguen donde deben llegar sin intermediarios y sin corrupción”.

Por su parte el senador Iván Name Vásquez (Alianza Verde) dijo que “debe permitirse que haya la posibilidad de ser gestores de proyectos regionales por parte de unos bancos de proyectos que el Congreso pueda de alguna manera impulsar. En los países existe esa opción, pero que no tenga la perversidad que sean objeto de tráfico electoral o de algunas transacciones económicas que lo vuelvan inconveniente. Pero que el Parlamento tenga la insinuación presupuestal existe en muchas democracias del mundo y no es per se condenable. Lo condenable es que se pervierta y que se convierta en un efecto contrario al de poder orientar y priorizar obra sociales para las comunidades”.

Mientras que el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Gerardo Hernández, dijo que “desde Transparencia por Colombia lo que pensamos es que todas las relaciones entre el poder Legislativo y el Ejecutivo deben realizarse de la manera más transparente y abierta posible. Eso significa que cualquier mecanismo mediante el cual haya algún acuerdo entre los dos poderes, pues debe ser conocido por la ciudadanía. Si ese acuerdo implica recursos, implica cuotas o participación de cierto partido político en algún ámbito de gestión del poder ejecutivo, pues que se haga de manera transparente y que se haga de cara al país”.

Añadió que en esos asuntos de lucha contra la corrupción muchas veces “tendemos a pensar que hay que cortar de raíz ciertos temas que parecen problemáticos, cuando en realidad necesitamos ver los problemas un poco más de fondo, y en general los cupos indicativos corresponden a una gestión que de todas formas los congresistas tienen la expectativa de realizar en su región. Eso de entrada es cuestionable, pero como decía cualquier gestión debe hacerse de manera abierta y transparente y de cara a la ciudadanía.  

Mientras que el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, dijo que “este es tal vez el único Congreso del mundo en donde los congresistas no tienen ninguna facultad en materia presupuestal. Es imposible que un representante o un senador tenga legitimidad en su región si no es capaz de orientar el presupuesto hacia las necesidades de sus representados”.

Añadió que “me parece que hay que dejar atrás tanta hipocresía y más bien establecer una serie de espacios presupuestales por encima de la mesa, sin oscuridad, que tenga el foco y la vigilancia de la opinión pública y los organismos de control, como pasa en las democracias europeas o en los Estados Unidos, y de esa forma estoy convencido que se evita la compra y venta de cupos y se evita la corrupción”

Hay que suprimirlos

El senador conservador Jorge Hernando Pedraza dijo que “esa es parte de la función constitucional de un parlamentario: es hacer leyes, ejercer control político y hacer gestión por sus regiones. Lo que pasa es que ahí hay un abismo, y es que el Parlamentario puede gestionar, pero lo que no puede es inmiscuirse de ahí en adelante en la gestión, en los temas, por ejemplo, de contratación”.

Añadió que “me parece que aun no tenemos la cultura para distinguir una cosa de la otra y lo mejor sería que los congresistas no tengan acceso a ningún tipo de incidencia y gestión de recursos para las regiones porque para eso están los alcaldes, los gobernadores y el poder ejecutivo. Hay que hacer una reforma constitucional para relevar a los congresistas de esa misión”.

Pedraza dijo también que en algún medio “me pusieron dentro de la lista y no soy de los conservadores mermelados”.

En tanto que el director del Partido Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, dijo sobre los cupos indicativos “que se transforman o los transforman, estoy totalmente de acuerdo que ese tema tiene que eliminarse y obviamente todo tiene que basarse en el plan de desarrollo de un gobierno, el plan de desarrollo recoge para todas las regiones, pero no individualizando”.

Mientras que el senador Jaime Alejandro Amín (Centro Democrático) dijo que “el mecanismo más idóneo para acabar con la mermelada son las audiencias públicas regionales, tanto en el orden nacional como en el territorial, y hacer pública la gestión de cada congresista frente a cada partida presupuestal para poderle hacer seguimiento desde el otorgamiento de la partida para el ente territorial hasta la ejecución final del proyecto. Hacer público lo público es la medicina más cierta y efectiva contra la mermelada corrupta que tanto mal le ha hecho en el gobierno Santos a las finanzas públicas”.