Sobre la necesidad de mayor transparencia en los procesos de contratación para los gastos de comunicaciones durante esta emergencia por el Covid-19 alertaron la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Misión de Observación Electoral (MOE).

Las ONG solicitaron restringir, de una vez por todas, la autopromoción de los mandatarios.

Esta alerta hace parte de los resultados de una investigación realizada sobre los mayores contratos ejecutados en el curso de 2018, bajo el concepto de publicidad oficial por las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Mocoa, Buenaventura, Montería, Santa Marta y Neiva.

En el comunicado, donde informaron de estos resultados, la FLIP y la MOE recordaron que el 8 de abril, la Contraloría y la Procuraduría empezaron a hacer un seguimiento especial para que los recursos públicos no sean utilizados en publicidad innecesaria asociada a la emergencia por Covid-19.

En su estudio, la FLIP y la MOE analizaron los contratos sobre publicidad oficial que las 10 alcaldías remitieron y sobre esa información se seleccionaron tres contratos por ciudad: los dos de mayor cuantía destinados para publicidad oficial y el contrato de mayor cuantía de material POP, es decir, objetos que las entidades públicas utilizan para la divulgación de un mensaje como maquetas, carteles, afiches, pendones, pasacalles, tazas de café, bolígrafos, stickers, etc. Las ONG le solicitaron a cada alcaldía los soportes de esos tres contratos, es decir, la evidencia ya sea física o digital de lo que se ordenó en ellos.

Así pues, la investigación abordó 30 contratos que sumaron $91.611.829.777. En varios casos se trataban de contratos de altos montos que fueron ejecutados por medio de la creación de otros contratos.

Según Jonathan Bock Ruíz, subdirector de la FLIP, “al analizar detenidamente las 2.128 piezas de los contratos nos encontramos con que el 58% eran informaciones de autopromoción o autobombo de los funcionarios y las administraciones. Estas piezas carecían de elementos informativos o de políticas públicas relevantes para la ciudadanía”.

La investigación indicó que sólo el 35% de las piezas analizadas eran de carácter informativo y un 7% no se pudo identificar. Las piezas analizadas consistían en 522 piezas contratadas en prensa, 263 en radio, 432 audiovisuales, 181 para redes sociales y 730 de materiales POP.

Alejandra Barrios, directora nacional de la MOE, explicó que “la publicidad que se contrata con dineros públicos fue en general usada para exaltar la imagen del alcalde o de la entidad. Su contenido podía estar ofertando un derecho o un bien, sin embargo, no informaba con precisión a la ciudadanía sobre cómo acceder al beneficio y se focalizaba en exaltar los logros de la administración y el funcionario”.

Las organizaciones que realizaron la investigación hicieron un llamado a las alcaldías en todo el país para restringir cualquier contratación que tenga como finalidad la autopromoción, en especial, ahora en plena emergencia causada por el Covid-19, la cual obliga que el gasto público en comunicaciones sea responsable y transparente.

Según la investigación, los mandatarios deben garantizar que los gastos en publicidad únicamente sirvan para: 1) impulsar políticas públicas, 2) fomentar valores para la ciudadanía, 3) informar al ciudadano sobre sus derechos y obligaciones, además de 4) ofrecer servicios a la ciudadanía, canales de información e instrucciones de procedimientos.

Las organizaciones recomendaron a todas las autoridades nacionales, departamentales y municipales aplicar 6 claves para la aprobación de cualquier pieza comunicativa, como que el eslogan de la administración no debe ser el contenido principal de la pieza, no mencione ningún funcionario de la entidad y no realice menciones al partido político de gobierno, senadores, concejales, diputados, ediles.

Además, no debe atacar a opositores u otras administraciones, no debe centrarse en promocionar la gestión de gobierno y que contenga información de utilidad para la ciudadanía. También, debe existir transparencia en la contratación de comunicaciones.

Finalmente, una de las grandes dificultades que evidenció la investigación es la organización de la información y almacenamiento en formatos auditables. En la contratación de publicidad oficial se encontraron soportes borrosos o archivos que no contenían nada o no abrían. Lo anterior, no permite una veeduría contundente sobre el presupuesto público por parte de las entidades de control estatal y miembros de la sociedad civil.

En cuanto a la transparencia de la publicidad oficial, la investigación halló que la carencia de normatividad frente a cómo deben ser almacenados los mensajes sobre publicidad oficial, así como la falta de claridad y de un marco normativo en relación con los precios que se deberían pagar por las piezas de publicidad oficial son hechos que impiden una mayor transparencia.

En la mayoría de contratos analizados no se pudo establecer con claridad cuánto pagaron las alcaldías por determinada pieza; por ejemplo, una cuña radial, una pieza audiovisual o un artículo en prensa. Este criterio ambiguo en las distintas ciudades hace muy difícil determinar en cuáles, efectivamente, se puede hablar de sobrecostos o irregularidades.