Álvaro Jiménez Millán, director de Campaña Colombiana contra Minas, presenta el más reciente panorama en blanco y negro de estos artefactos proscritos por el Derecho Internacional Humanitario.
EL NUEVO SIGLO: ¿Qué es la Campaña Colombiana contra Minas?
ÁLVARO JIMÉNEZ MILLÁN: Es una ONG que en sus 21 años de existencia ha logrado avanzar en dos propósitos: lograr que el Estado colombiano sea parte del Acuerdo Internacional que prohíbe las minas antipersona (quiebrapatas); segundo, acompañar al Estado colombiano en la construcción de una política pública para poner fin al uso de estos elementos en nuestro país.
ENS: ¿Hoy cuál es el objetivo de la campaña?
AJM: Estamos adelantando campañas en distintas regiones del país, básicamente en Putumayo y Antioquia, esperamos este año ingresar a Casanare y Boyacá para desarrollar limpieza de campos minados.
En otras regiones como Norte de Santander, Catatumbo, Arauca, Chocó y Antioquia donde no se puede hacer desminado voluntario por ausencia de control territorial del Estado, estamos haciendo acompañamiento a las víctimas civiles y ofreciendo programas de educación en el riesgo de minas. Estos programas los adelantamos en El Catatumbo, Chocó, Arauca, en regiones de Nariño, de Antioquia donde no es posible el desminado humanitario voluntario.
También la Campaña Colombiana contra Minas desarrolla programas de desminado humanitario asociados a la vigencia de acuerdos internacionales que prohíben cierto tipo de armas por el daño que causan a la población, y programas en materia de bombas de racimo para buscar su prohibición con las armas nucleares, generando conciencia internacional al control de las armas que se comercializan en países como Colombia.
ENS: ¿Cuáles son hoy las regiones más afectadas por la presencia de minas?
AJM: Tenemos dos tipos de afectación. Una, en la que todavía se siguen utilizando minas antipersonal por parte de grupos armados ilegales en territorios donde el Estado no tiene pleno control, como Chocó, Catatumbo, Nariño por los lados de Cordillera como Policarpa, Samaniego, Santa Cruz, algunas regiones del Guaviare y Meta.
En otras zonas con presencia de minas pero que tienen condiciones de seguridad -algunas regiones de Putumayo, Meta, Antioquia, Meta, Casanare- hacemos desminado humanitario sin poner en riesgo a la comunidad.
ENS: ¿Se tiene algún estimado de cuántas minas antipersona todavía hay sembradas en el país?
AJM: Es difícil establecer el número de minas sembradas, pero sí sabemos que hay unos 225 municipios afectados. No significa que todo el territorio de cada municipio esté afectado pero sí que tienen algún tipo de afectación.
ENS: ¿Hay muchos sectores en el país confinados por presencia de minas antipersona?
AJM: Hoy está cercado el corregimiento de El Amparradó, en zona rural de Dabeiba, Antioquia, se viene registrando hace años, el año pasado hubo nueve víctimas civiles, todos indígenas del pueblo Embera. Pero hoy vemos que se están afectando la población afrodescendiente e indígena del Pacífico colombiano.
Son pueblos que están en condiciones de vulnerabilidad, que viven más lejos de los centros de atención. Es importante promover la proscripción de estas armas, las guerras en el mundo nos han enseñado que solo el fin de los conflictos pone fin a estas armas no convencionales.
ENS: ¿Cuántas víctimas de minas antipersona ha dejado el conflicto colombiano?
AJM: Los registros dan cuenta que desde 1990 a la fecha hemos tenido un número cercano a 11.600 personas víctimas de estos artefactos. Sin embargo, antes de los 90 también se utilizaron las minas antipersona por parte de las guerrillas y de las Fuerzas Armadas pero de esa época no tenemos ningún registro.
ENS: ¿Dice usted que aún en Colombia se utilizan armas no convencionales?
AJM: En Colombia hay una necesidad de que la sociedad determine como un criterio sancionatorio desde el punto de vista ético, político y moral el uso de armas que vulneran normas de los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario que afectan la vida de los campesinos.
ENS: ¿Quién está utilizando ese tipo de armas?
AJM: El Eln que es un usuario permanente de este tipo de armas, pero también las están usando las disidencias de las Farc, grupos asociados al narcotráfico, bandas criminales como ‘los Caparrapos’ o el ‘Clan del Golfo’.
ENS: La JEP declaró víctima a un soldado afectado por mina antipersonas de las Farc. ¿Usted qué opina?
AJM: Desde 2001 Colombia hace parte del convenio internacional que prohibió el uso de minas antipersona, por tanto desde ese momento es un arma prohibida y que hemos pedido a todos los actores armados que no la utilicen más. Nosotros consideramos que es muy importante que este tipo de hechos sean sometidos a la JEP y que sean observados no solo en el caso de las Fuerzas Armadas sino también en el caso de los actores armados ilegales.