A pocas semanas de que el Gobierno nacional reinicie las aspersiones aéreas para la erradicación de cultivos ilícitos, un grupo de más de 180 académicos de universidades de Colombia, Estados Unidos y otros países, le pidieron al gobierno del presidente Joe Biden que “no apoye las fumigaciones con glifosato”.
En carta dirigida a Biden y a su vicepresidenta, Kamala Harris, los catedráticos le recuerdan al mandatario estadounidense que en un reciente comunicado del Departamento de Estado se certificó la lucha contra las drogas del gobierno del presidente Iván Duque y que “le dejó abierto su apoyo para la reanudación de la aspersión aérea como una de las estrategias para reducir la expansión de cultivos de uso ilícito”.
De hecho, los ministros de Justicia y de Defensa han dicho que el Gobierno colombiano se prepara para reiniciar las aspersiones a partir del próximo mes de abril, pues han advertido que se ha avanzado en los requisitos que demandó la Corte Constitucional a través de la sentencia T-236 de 2017 que prohibió la aspersión.
Por ello, en la misiva de los académicos liderados por el Centro de Estudios de Seguridad y Drogas (Cesed), de las universidades de los Andes y del Rosario, expresan su “profunda preocupación” por el apoyo a la “política equivocada” de reanudar la aspersión aérea. “Al respaldar la fumigación, su administración respalda implícitamente el legado dañino del expresidente Trump en Colombia”, dice la carta a Biden.
Según los firmantes de la misiva, la fumigación aérea es ineficaz para eliminar los cultivos de coca: “los estudios han demostrado que los cultivos expuestos al glifosato se replantan posteriormente con una probabilidad del 36%. Incluso, cuando los cultivos no se replantan en áreas anteriormente fumigadas, la fumigación aérea tiende a provocar el desplazamiento espacial del cultivo hacia áreas cercanas o hacia áreas donde la fumigación no puede realizarse legalmente, como los parques nacionales”.
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En ese sentido, proyectan algunas cifras de los costos que implica la aspersión aérea: “es probable que la fumigación aérea cueste aproximadamente US$19.000 por hectárea fumigada y para reducir el cultivo en una hectárea tendrían que fumigarse entre 33 y 45 hectáreas. Mientras que el método de sustitución de cultivos más eficaz cuesta alrededor de US$10.000 por familia de cultivadores”.
En ese sentido, los firmantes dicen que “construir economías legales y sostenibles no solo es lo correcto, es fundamental para proteger el sumidero de carbono más grande del mundo, sin el cual hay pocas esperanzas de frenar, y mucho menos revertir, los efectos devastadores de la economía mundial”, en referencia a la Amazonía, la zona más afectada por la deforestación con fines de cultivos ilegales.
Cambio climático
Así mismo, los investigadores afirman que el espíritu del Acuerdo de Paz colombiano suscrito en 2016 y “respaldado tan fervientemente” por la administración Obama-Biden “no vio espacio para la fumigación aérea”.
Por eso concluyen que el respaldo a la aspersión aérea “no podría haber llegado en peor momento”, pues advierten que esa posibilidad “desafía la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de suspender el programa de fumigación aérea”.
“Así como su administración ha buscado adoptar un enfoque de salud pública para la política de drogas en su país, en lugar de una táctica punitiva, le recomendamos encarecidamente que haga lo mismo en el exterior, en sus relaciones bilaterales con Colombia” concluye la misiva.
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Esta petición se suma a la que en diciembre pasado le formularon siete relatores de Naciones Unidas al Gobierno Colombia con el mismo propósito, suspender las fumigaciones áreas con glifosato, y con argumentos muy similares: altos costos, daños al medio ambiente y afectaciones a la salud.
En ese momento, el Gobierno colombiano respondió a los siete relatores diciendo que “están prejuzgando”. “En nombre del Gobierno colombiano me veo en la obligación de rechazar el llamamiento urgente que hacen los procedimientos especiales, dado que no cumple con los requisitos en el código de conducta que rige el desempeño de su mandato”, respondió en esa oportunidad la viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Adriana Mejía.
Mientras tanto, ayer el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Rodrigo Suárez, en declaraciones radiales aseguró que la aspersión aérea con glifosato “no se puede reanudar mientras no exista un concepto técnico ambiental previo, y ese concepto jurídicamente por ahora no existe. En este momento se está evaluando el plan de manejo ambiental”, aseguró.