Revivir el proyecto de reforma constitucional que les otorgaba transitoriamente 16 curules en la Cámara a las víctimas del conflicto es el propósito de un recurso de tutela interpuesto ayer ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La iniciativa se hundió “hace más de un año por error de la mesa directiva que se negó a descontar las cuatro curules no reemplazables. Entonces ganamos con 50 votos a favor y sólo siete en contra”, sostuvo ayer el senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), anotando que “esperamos que esta tutela haga corregir el error de la mesa directiva del Congreso obedeciendo el mandato de la Corte Constitucional y ordenando que las siete millones de víctimas, y sólo las víctimas, puedan ir a las urnas ahora en octubre a defender directamente sus derechos”.

Barreras explicó que “hace dos días la Corte Constitucional nos dio la razón en el caso de las objeciones, reafirmando que para la mayoría absoluta se deben descontar las curules no reemplazables. Eso fue lo que dijimos hace un año cuando se negaron a descontar las cuatro curules de senadores detenidos”.

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Según la tutela radicada por Barreras, el 29 y 30 de noviembre de 2017 la Cámara y el Senado aprobaron con mayoría absoluta la conciliación del proyecto “en la Cámara obtuvo una votación de 92 votos por el Sí y 33 por el No; y en el Senado 50 por el Sí y 7 por el No. Es decir que obtuvo mayoría absoluta”.

El argumento en su momento indicaba que la mayoría absoluta del proyecto eran 52 votos y no 50, decisión que para Barreras “no tuvo en cuenta el artículo 134 de la Constitución”.

La discusión de la promulgación también se adelantó en los tribunales. El entonces ministro del Interior, Guillermo Rivera, radicó una acción de cumplimiento para que se le ordenara la promulgación al Gobierno. Pese a que en primera instancia un juez administrativo les dio la razón a los promotores de la iniciativa, en segunda instancia las pretensiones fueron negadas.

En su momento, fue la sala plena del Consejo de Estado la que revocó “por vicios de trámite” el fallo que ordenaba revivir la iniciativa. Según se dijo, la razón principal es que para el alto tribunal durante el octavo debate del proyecto en el Congreso, el Gobierno nacional debía hacer públicas sus apreciaciones sobre la mayoría necesaria para que este fuese aprobado y no instaurar una acción de cumplimiento, como finalmente se hizo.

El conservador Efraín Cepeda, entonces presidente del Senado, celebró la decisión del Consejo de Estado al tiempo que reiteró su disposición con buscar una alternativa para que haya representación de las víctimas en el Congreso.

“El honorable Consejo de Estado nos dio la razón. Ese proyecto no se aprobó en la plenaria del Senado de la República y fue archivado. De manera que hay que buscar otros caminos para que las víctimas estén legítimamente representadas en el Congreso y que las víctimas propongan sus propios candidatos y sean las víctimas las que voten”, puntualizó en aquel momento.

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El proyecto que fue presentado luego para revivir las curules especiales para las víctimas no tuvo la aprobación esperada y se hundió sin mayores discusiones.

Como lo publicó EL NUEVO SIGLO, el miércoles la Corte Constitucional envió para sanción del presidente Iván Duque la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para Paz (JEP) luego de que las objeciones presentadas por el Ejecutivo tuvieran una discusión similar.

Al exponer el fallo, el magistrado Antonio Lizarazo aseguró que “el informe indicaba que la ponencia mayoritaria, que proponía rechazar las objeciones, obtuvo 47 votos a favor y 24 en contra. El presidente del Congreso plantea la proposición que esa votación no constituía la mayoría. Para establecer el número de integrantes, tenemos en cuenta que son 108 senadores, de los cuales están excluidos los impedidos (14 senadores) y dos no posesionados para un total de 46 más uno 47".