A partir de este fin de semana al Jefe de Estado le queda apenas un centenar de jornadas de gobierno y en ese lapso tendrá que maniobrar para solucionar o neutralizar una serie de crisis y problemáticas que, por su gravedad, no dan chance de esperar a que el nuevo Ejecutivo las asuma a partir del 7 de agosto. Aquí el inventario

1. CRISIS EN NARIÑO: sigue agravándose la delicada situación de orden público en esta zona, debido al cruento accionar de las disidencias de las Farc, la alta densidad de narcocultivos, la denunciada presencia del cartel narcotraficante mexicano de Sinaloa, las incursiones de las bandas criminales y del Eln, así como el clima de tensión con el gobierno del presidente ecuatoriano Lenín Moreno tras el asesinato de un equipo periodístico de ese país y el secuestro de una pareja de sus nacionales por subversivos del nuestro. Es evidente que tras más de 100 días de una megaoperación militar y policial, el orden público todavía no se ha logrado recuperar y tampoco se ha podido capturar a alias ‘Guacho’, que se convirtió en un “objetivo de alto valor” para ambos países. La detención o abatimiento de este cabecilla es urgente, pues a través de su neutralización se le enviaría al resto de las disidencias de las Farc un mensaje contundente en torno a que no se permitirá que estos grupos residuales se conviertan en una nueva amenaza. No hay que olvidar que ya hay roces muy sutiles pero visibles entre los gobiernos Santos y Moreno por la crisis en la frontera y la situación podría escalar.

2. ‘RECUPERAR’ EL CATATUMBO: aunque 100 días parezcan que no son mucho tiempo, sobre todo después de dos mandatos de casi ocho años, lo cierto es que el Gobierno tiene en las próximas semanas el reto principal de recuperar el control del orden público en esta atribulada zona de Norte de Santander, en donde la guerrilla del Eln y los rezagos del Epl, también llamados “pelusos”, llevan más de 40 días en plenos combates por el ‘dominio territorial’ y el manejo de negocios de narcocultivos, tráfico de drogas, minería ilegal, contrabando y otras actividades delincuenciales. Más de 100 mil personas se han visto afectadas por los enfrentamientos armados, al tiempo que los desplazados y confinados por la confrontación son muchos. Las escuelas, comercios, transporte vial y otros servicios públicos se han visto interrumpidos por cuenta de un ‘paro armado’. Incluso, si bien esta semana se logró una ‘tregua’, en realidad se originó en que los “pelusos” la ‘decretaron’ por apenas 60 horas para que la población pudiera abastecerse de alimentos y demás víveres, o salir de las zonas con mayor intensidad de combates. Es más, esa facción ilegal anunció que hasta había tomado siete ‘prisioneros’ al Eln. El Gobierno lanzó otro plan de choque militar a mediados de esta semana y se esperan sus resultados a corto plazo.

3. LA NEGOCIACIÓN CON EL ELN: la crisis de orden público en Nariño tuvo entre sus consecuencias que el gobierno del presidente ecuatoriano Lenín Moreno decidiera suspender el papel de país garante de las negociaciones con el Eln y notificara al gobierno Santos y a esa guerrilla que Quito no seguiría como sede de las negociaciones que comenzaron en febrero del año pasado y ya van por un quinto ciclo. Así las cosas, al saliente Ejecutivo le corresponde la tarea de encontrar una nueva sede para las tratativas, algo que no es tan fácil como se pensó días atrás. A ello se suma, igualmente, que casi todos los candidatos presidenciales han sido muy críticos con este proceso, indicando que se debería congelar o incluso romper la mesa porque esa guerrilla no da muestras de voluntad de paz. Así las cosas, el margen de acción para mantener la negociación es muy limitado. Si bien las delegaciones estaban discutiendo las bases de un posible nuevo cese el fuego y de hostilidades, bilateral y temporal, lo cierto es que el obligado traslado de la mesa truncó esas conversaciones. Además, los “elenos” quedaron muy impactados por el apresamiento de alias ‘Jesús Santrich’, excabecilla de las Farc, pedido en extradición por EU que lo acusa de narcotráfico.

4. PARO DE FECODE: para la segunda semana de mayo el sindicato de profesores del sector público decidió citar un nuevo paro nacional, alegando que el Gobierno no ha cumplido los compromisos firmados el año pasado como condición para levantar un largo cese de actividades. Según Fecode, los incumplimientos tienen que ver con fallas en el servicio de salud, deficiencia en infraestructura, transporte, dotación y falta de docentes; graves irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar (PAE), la implementación de la jornada única, el congelamiento del escalafón docente, cambios en la evaluación del desempeño y la demora en la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). El Gobierno replicó que el paro es injustificado, ya que de los 24 puntos del acuerdo del año pasado, nueve  ya se cumplieron, otros tantos están en curso y los restantes seis siguen en proceso, debido a que son más complejos de implementar, incluyendo hasta una reforma de tipo legal a cargo del Congreso, como es el caso del SGP contenido en la ley 715 de 2001. Es claro que el país no se puede exponer a un nuevo paro que deje sin clases a más de ocho millones de estudiantes y menos ad portas de las vacaciones de medio año.

5. ‘ENDEREZAR’ ACUERDO CON FARC: si bien es cierto que el proceso de implementación del acuerdo de paz con las Farc tardará años, es indudable que hay crisis puntuales y coyunturales que el Gobierno saliente debe afrontar con urgencia. Por ejemplo, las reacciones de la cúpula del partido Farc por la captura de ‘Santrich’ son cada día más extremas, como la salida de ‘El paisa’ de una zona de reincorporación en Caquetá o la negativa de Iván Márquez a posesionarse en su curul en el Congreso. La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) debe definir, posiblemente antes de que termine este gobierno, la suerte de ‘Santrich’. Si lo saca de la justicia transicional por reincidir en el delito después de diciembre de 2016, el acuerdo afrontará su más dura prueba. También está pendiente lo relativo a la reorganización del manejo de los fondos-cuenta del posconflicto tras los escándalos de corrupción denunciados por la Fiscalía. Incluso, el Ejecutivo debe propender porque la JEP pueda tener su “ley de procedimiento”, proyecto recién radicado en el Congreso con mensaje de urgencia e insistencia. Todo ello en medio del escándalo en que está incursa esa jurisdicción por denuncias de pulsos burocráticos y contractuales.

6. EL INFORME DE EU SOBRE NARCOCULTIVOS: en los 100 días que le restan de gobierno a Santos uno de los asuntos más importantes que tendrá que afrontar será la oficialización del informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca. Dicho informe contiene el resultado de la medición de ese país en torno a la extensión de los narcocultivos en Colombia al cierre de 2017. El año pasado fue revelado hacia abril y sorprendió al reportar la existencia de 188 mil hectáreas de sembradíos ilícitos en 2016. Sobre el de este año mucho se ha especulado y se afirma en distintas fuentes gubernamentales y políticas que podría llegar a señalar 220 mil hectáreas, confirmando que los narcocultivos se multiplicaron en los últimos cuatro años, llegando a cifras que no se veían sino antes de la aplicación del Plan Colombia, al comienzo de la administración Pastrana. Si bien es cierto que los gobiernos Santos y Trump han firmado nuevos convenios en materia de lucha contra el narcotráfico, y se han puesto metas audaces sobre la disminución de narcocultivos y producción de cocaína a cinco años, llegar a las 220 mil hectáreas será un golpe directo a la estrategia antidroga colombiana.

7. LA ENTRADA A LA OCDE: como se trata de una de las principales banderas en sus dos mandatos, es claro que el presidente Santos tratará de finiquitar, en los 100 días que le restan en el poder, el proceso de ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es un exclusivo club de 35 países que aplican buenas prácticas de gobierno y mantienen un control constante de sus principales indicadores políticos, económicos, sociales e institucionales. Como se sabe, el país ha logrado cumplir ya con los estándares exigidos en 22 sectores y sólo le falta por aprobar el difícil Comité de Comercio. Sin embargo, este es un escollo muy difícil, ya que Estados Unidos, pieza clave de la OCDE, insiste en que Colombia debe cumplir primero con regulaciones claras en materia de política farmacéutica, chatarrización de vehículos de carga y normas efectivas sobre respeto a los derechos de autor y propiedad intelectual. El gobierno Santos ha reiterado que ya aplicó una serie de correctivos en esas materias y todo está listo para entrar a la OCDE. A mediados de esta semana se creía que se daría la luz verde, pero la decisión se aplazó otros 15 días. En el entretanto, EU metió a Colombia en su ‘lista negra’ de países que no respetan derechos de autor ni de propiedad intelectual.

8. EL REGISTRO MIGRATORIO VENEZOLANO: el próximo 8 de junio debe terminar el proceso de registro de ciudadanos venezolanos que no han regularizado su estatus migratorio en Colombia. El “Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV)”, que comenzó el 16 de abril pasado, se adelanta de manera gratuita en 51 municipios y 21 departamentos. Es clave porque la información recaudada servirá como soporte para la formulación y el diseño de la política integral de atención humanitaria que haga frente a la emergencia creada por la llegada de más de un millón de ciudadanos del vecino país en los últimos dos años, huyendo de la crisis política, económica, social e institucional generada por el gobierno de Nicolás Maduro. El proceso cuenta con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, la Defensoría del Pueblo y otras entidades nacionales e internacionales. El registro será definitivo para poder conseguir financiación externa que ayude a sufragar la asistencia a los venezolanos. Sin embargo, muchos migrantes ilegales no se han registrado temiendo que la información que den sirva de base para procesos de deportación, De poco han servido las múltiples aclaraciones de las autoridades respecto a que no es así.

9. ¿QUÉ HACER CON MADURO REELECTO?: Para el próximo 20 de mayo están programadas las elecciones presidenciales en Venezuela. Se trata de unos comicios que el presidente Maduro convocó de manera unilateral y aprovechando que maneja todos los poderes políticos, electorales y judiciales en ese atribulado país. La oposición ha dicho que no participará de este proceso electoral, no sólo porque considera ilegal que la cuestionada asamblea constituyente –de bolsillo del chavismo- hubiera autorizado el adelanto de los comicios, sino porque es claro que no existen garantías para poder competir de manera equilibrada, transparente y libre con un régimen de corte dictatorial. Aunque hay dos candidatos que quieren medirse con Maduro, es obvio que no tienen la menor oportunidad de ganarle ante el grave riesgo de fraude oficialista. La mayoría de los presidentes latinoamericanos y de otras latitudes han advertido que no reconocerán el resultado de esos comicios polémicos, sin embargo es muy posible que para aumentar la presión sobre Caracas se tomen decisiones políticas y diplomáticas más de fondo. Es allí en donde Santos, el más crítico de los mandatarios contra Maduro, tendrá que definir cómo le deja a su sucesor la relación con Venezuela. No se descarta incluso el congelamiento de las relaciones binacionales.

10. SENSACIÓN DE GOBERNABILIDAD: el principal reto para estos últimos 100 días que le restan al segundo mandato del presidente Santos es, sin duda, transmitirle al país que tiene las riendas bien apretadas del gobierno y el suficiente margen de acción para enfrentar las principales problemáticas coyunturales. No se puede negar que en medio de la agitada campaña presidencial se tiende a pensar que los mandatarios salientes suelen relajarse y esperar simplemente a que pasen los días, se defina quién será el sucesor y cómo empezará el respectivo empalme. Sin embargo, nada más peligroso para el país que la sensación de desgobierno o de baja gobernabilidad de un Presidente que arrastra bajos índices de popularidad y cuya gestión es descalificada por la mayoría de la opinión pública.  Ya desde varios gremios y analistas se ha advertido que la diligencia del gabinete ministerial ha venido disminuyendo de forma progresiva, en tanto que la agenda de proyectos de ley y de reforma constitucional que, se supone, la Casa de Nariño consideraba urgente tramitar en este último tramo de legislatura, nunca llegó al Congreso o lo hizo ya muy tarde y sin mayor chance de ser aprobada antes del 16 de junio, sobre todo porque ya no existe coalición mayoritaria que siga las instrucciones gubernamentales.