DESPLEGADOS en todo el país, en medio de un trabajo de campo para conocer el nivel de vulneración de la sociedad en diversas regiones, el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Defensoría del Pueblo, reveló que durante el primer semestre de este año se ha registrado un recrudecimiento de la violencia, principalmente a causa de la presencia de grupos armados al margen de la ley.
El balance reflejó un incremento de hechos como masacres, secuestros, reclutamiento forzado de menores, conflictividad social, violencia de género y homicidio de líderes sociales, los cuales hacen parte de un escenario crítico que empeora con el paso del tiempo, a pesar de las denuncias y demandas de soluciones oportunas y eficientes por parte de los ciudadanos y organizaciones.
“El aumento en los índices de estas conductas configura un difícil escenario de recrudecimiento de la violencia cuyos responsables directos son los grupos armados ilegales. Estamos viviendo una espiral de vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
En torno a los casos de secuestro, entre enero y junio de 2023 se han reportado un total de 32 casos, nueve más que los denunciados durante el mismo periodo del año anterior, cuando solo se reportaron 23. Mayo y junio fueron los meses de mayor incidencia del delito con 11 y 8 hechos, respectivamente, sobre todo en departamentos como Arauca, Antioquia y Norte de Santander.
“Además del aumento considerable en las cifras de secuestros, nos preocupa que esta conducta siga ocurriendo en los mismos departamentos que el año pasado, dos factores que se constituyen como una consecuencia directa de la agudización del conflicto armado en el país”, aseguró Camargo Assis.
El número de masacres también incrementó en estos seis meses del año, pues, según cifras de la Defensoría del Pueblo, se presentaron 52 homicidios colectivos, mientras que durante el primer semestre del 2022 hubo 48.
Reclutamiento forzado
Los reclutamientos forzados de menores de edad por parte de los diferentes grupos alzados en armas, representan un problema grave en el país. En el lapso correspondiente al estudio de la Defensoría del Pueblo se reportaron 147 casos, de los cuales 66% tuvo como víctimas a niños y adolescentes, y el 34% a niñas y adolescentes.
La mayor cantidad de hechos se presentó en Cauca con 104, seguido de Nariño con 10, Putumayo con 8 y Caquetá con 6. Los departamentos de Arauca, Amazonas y Chocó reportaron 4 casos cada uno.
“Es motivo de alerta que el 67% de los casos de reclutamiento, uso y utilización de menores de edad por parte de grupos armados ilegales correspondió a la población indígena, y en la mayoría de los casos los presuntos grupos armados responsables fueron las disidencias de las Farc, que concentra el 64% de los casos denunciados”, denunció el defensor del Pueblo.
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Por otro lado, los conflictos sociales también hicieron parte de este estudio y el balance presentado por la entidad reveló 756 eventos entre enero y junio de 2023, frente a los 512 generados durante los primeros seis meses del año anterior. “Mayo y junio son los meses que concentraron el mayor número de conflictos sociales. Arauca, Meta, Nariño, Putumayo, Córdoba y Antioquia, con alta presencia de grupos armados ilegales, fueron lugares con incidencia de conflictividad social”, destacó.
En cuanto a la violencia de género, la Defensoría del Pueblo registró este año un total de 3.557 casos de agresiones en contra de la mujer e integrantes de la comunidad Lgtbi. La mayor cantidad de hechos sucedieron en departamentos como Valle del Cauca, Norte de Santander, Bolívar, Magdalena y Cauca. “En el primer semestre del 2022 fueron atendidos 1.763 casos, lo que da cuenta de un aumento, este año, del 203%”.
“Hemos advertido escenarios de riesgo para lideresas sociales relacionados con la intensificación del conflicto armado, la discriminación, el sexismo y la violencia por prejuicio, así como las violencias institucionales. Estos riesgos las afectan porque las agresiones de los actores armados ilegales en su contra se extienden a sus hijos e hijas y familiares, y se reflejan en hostigamientos, amenazas, homicidios, violencia sexual y reclutamiento forzado”, manifestó Camargo.
Los homicidios a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos por parte de organizaciones criminales recrudecieron, según el estudio de Defensoría del Pueblo. Fueron 92 asesinatos durante el primer semestre de 2023.
“Los más afectados fueron los líderes comunales, con 22 homicidios; líderes comunitarios, con 20, y líderes indígenas, con 16. Tres grupos que concentran el 63% del total de homicidios registrados. Sin embargo, en el comparativo con el mismo tiempo del año inmediatamente anterior, se evidencia una disminución del 19%, periodo en el que se presentaron 114 homicidio”, refleja el balance.
Finalmente, cabe resaltar que los hechos como desplazamientos forzados masivos en el país en los primeros seis meses, los cuales afectaron a 9.280 familias y 24.771 personas, sobre todo en Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca. Además, hubo 92 eventos de confinamiento que se presentaron en Colombia, 70 tuvieron lugar en Chocó. Los restantes sucedieron en Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Bolívar.