Cientos de familiares e incluso muchos que salvaron su vida hace 20 años en Bojayá (Chocó), cuando un cilindro bomba lanzado por las Farc en un combate con las autodefensas cayó sobre la iglesia del poblado, dejando 89 muertos y al menos un centenar de heridos, regresaron ayer al ahora desolado Bellavista, lugar de los acontecimientos, para conmemorar otro aniversario de uno de los hechos más demenciales en el conflicto armado en Colombia.

Sin embargo, lo que sucedió en ese entonces en Bellavista, casco urbano de Bojayá, parece que se hubiera detenido en el tiempo porque las víctimas en su mayoría siguen esperando reparación, en tanto que en su conjunto a pesar de los días transcurridos siguen clamando por  verdad y justicia.

Incluso la garantía de no repetición no existe para las víctimas de Bojayá porque al lugar que fueron trasladadas en 2017, en donde el Estado construyó más de 250 casas, a 2 kilómetros de Bellavista, como el resto del Chocó, en cualquier momento puede ser escenario de la guerra que no ha dejado de librarse en este departamento entre grupos armados por el control del territorio, especialmente por las rutas del narcotráfico.

Ya el nombre de las Farc o de las autodefensas no genera las caras de angustia, como ocurrió durante varios años para los habitantes de Bojayá, que sin imaginarlo era el preludio de lo que iba a suceder ese fatídico 2 de mayo de 2002. Ahora la zozobra es especialmente por el territorio que quedó sin ‘dueño’ tras la desmovilización de esa guerrilla.

La guerra fuerte la libran actualmente en el Chocó el ‘Clan del Golfo’ y el Eln, nombres que en el caso de los habitantes de Bojayá no importan, pero sí el terror de vivir en medio de las balas y los explosivos que provocan desplazamientos y confinamientos de la población.

Precisamente ayer la Defensoría del Pueblo reiteró su preocupación por la difícil situación humanitaria que enfrenta la población de Bojayá.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que en los últimos años la entidad ha emitido tres alertas tempranas en las cuales se advierte el riesgo de vulneraciones de los derechos humanos de las comunidades negras y pueblos indígenas de ese municipio y la subregión del Medio Atrato, con ocasión de los propósitos expansivos por parte del Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en zonas dejadas por las Farc en el marco del Acuerdo de Paz.

Mediante dichos instrumentos de advertencia se hizo énfasis en la contaminación con minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MUSE) en los territorios colectivos tanto afros como indígenas y consecuencialmente, restricciones a la movilidad que implican la limitación de actividades necesarias para la subsistencia de las comunidades étnicas que habitan en los municipios de Bojayá, Medio Atrato y Vigía del Fuerte, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción.

Cifras de la Defensoría del Pueblo revelan que desde 2017 hasta el 2022, por acción de los actos violentos de los grupos armados ilegales en Bojayá, se han reportado 16.927 personas víctimas de confinamiento, pertenecientes a 4.136 familias, y también 1.438 personas de 393 familias han sufrido desplazamiento forzado.

Los actos de conmemoración por los 20 años de esta tragedia fueron por cuenta del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, junto a autoridades étnico territoriales.

El homenaje contó con una marcha de las víctimas hasta la iglesia en donde cayó el cilindro bomba disparado por las Farc, hombres y mujeres vestidos de blanco que durante el recorrido llevaban por delante en una urna la figura del Cristo Mutilado. Esta figura tiene un enorme significado para estas personas porque presidía el altar ese fatídico 2 de mayo de 2002, pero producto de la explosión perdió sus piernas.

El Cristo Mutilado vio en esa oportunidad cómo 89 personas que ingresaron al templo creyendo que allí se salvarían, no lograron escapar a la locura de la guerra y terminaron muertas. Sin embargo, ahora esa figura religiosa representa el triunfo de la vida de esta comunidad sobre la muerte, que no se ha rendido a pesar de la tragedia que se le infligió, una pesadilla de la que no despierta por cuenta del accionar de los violentos.

En esta conmemoración participaron también el Sistema Integral para la Paz, la Iglesia de Chocó y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

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Hechos que coinciden

A principios del 2015, en plena negociación con el Gobierno de un acuerdo de paz en La Habana (Cuba), la entonces guerrilla de las Farc pidió perdón por primera vez a las víctimas de Bojayá.

“Ahora cuando estamos dialogando para construir la paz con verdad y justicia, debemos expresar que sentimos un profundo pesar, que nos duele hondamente el fatal desenlace que para la población de Bojayá significó ese terrible suceso… reconocemos el hecho, expresamos nuestra desolación y pesar por el resultado y nuestro reconocimiento y empatía a las víctimas, a sus familiares, a sus amigos y a sus vecinos”.

En tanto que ayer el Partido Comunes, surgido del paso de las Farc de las armas a la política, también pidió perdón por esos luctuosos hechos.

"Queremos pedir el perdón de Bojayá y toda Colombia por los hechos sucedidos hace 20 años. La guerra significa un espiral de dolor, debemos ponerle fin con perdón, reparación y no repetición. Haremos todos los esfuerzos para que el dolor sane y este país sepa que la violencia acabará”, señaló Comunes.

Los 20 años de la masacre de Bojayá se cumplen justo en un momento en que está a punto de empezar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a dictar las primeras sanciones por los graves delitos que cometieron las Farc así como algunos integrantes de las Fuerza Pública, por secuestro y ‘falsos positivos’, respectivamente.

Por ello las víctimas en todo el país están reclamando a los comparecientes ante la JEP que entreguen verdad, así como a esta Jurisdicción que aplique justicia. 

También coincide con Bojayá que se acaban de cumplir 20 años del secuestro por parte de las Farc de 11 diputados de la Asamblea del Valle, 10 de los cuales terminaron muertos cinco años después en manos de esta guerrilla, en un aparente caso de fuego amigo, según se explicó.

Ángela María Giraldo, hermana del diputado Francisco Javier Giraldo, hace poco le dijo a EL NUEVO SIGLO que “he aprendido a perdonar a los que tanto sufrimiento nos han ocasionado. La paz comienza por nosotros”. Añadió que “obviamente este es un perdón personal, no judicial”.

De igual forma, en días pasados 10 exintegrantes del Ejército en una audiencia de reconocimiento ante la JEP declararon su responsabilidad en ‘falsos positivos’ que se presentaron en la región del Catatumbo contra campesinos a manos de algunos uniformados del Ejército, con el fin de hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate.

Los testimonios impactaron al país no solo por lo ocurrido sino por su crudeza, en donde los exintegrantes de esta institución manifestaron que procedieron de esa manera por la presión a la que fueron sometidos por sus superiores para entregar resultados operacionales. 

También al final de este mes y principios de junio, les corresponde a ocho exintegrantes del Secretariado de las Farc reconocer ante la JEP su responsabilidad en los miles de secuestros que realizó esta guerrilla de ciudadanos, con objetivos extorsivos, y de militares, buscando presionar al Gobierno y ‘canjearlos’ por guerrilleros en la cárcel.