La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Secretaria Distrital de Integración Social adoptar con urgencia medidas articuladas con otras entidades, para evitar que personas inescrupulosas, pertenecientes a presuntas mafias, utilicen a sus hijos o a otros menores de edad, para mendigar en diferentes localidades de la capital.

En el requerimiento, extendido también a la Coordinadora del Centro Zonal Usaquén del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la Procuraduría remitió apartes de la denuncia registrada por un medio de comunicación, donde se evidencia que adultos estarían presuntamente utilizando una menor de edad, para pedir en las afueras de establecimientos estratégicos escogidos (afueras de droguerías y clínicas materno infantil) ayudas de pañales y leche, para luego revender lo recogido.

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El llamado del Ministerio Público en ejercicio de la función preventiva y de control de gestión, exhorta a las entidades responsables a tomar las medidas que permitan la judicialización de estas personas, tal como lo señala el artículo 93 del Código Penal, así como al restablecimiento de los derechos de quienes han sido víctimas de esta práctica.

De igual manera, incentivar la denuncia de casos sobre la mendicidad infantil en la ciudad y notificar a las autoridades correspondientes en caso de sospechar que los menores están siendo explotados para realizar esta actividad ilegal.