El Sindicato de Trabadores de la Veeduría Distrital (Sintraveeduría) y demás servidores públicos de la entidad rechazaron ayer el Proyecto de Ley 355 de 2022 Senado, radicado por el senador Germán Varón Cotrino el pasado 6 de abril, que busca eliminar y liquidar este organismo de control preventivo, y lamentan que después de haber estado al servicio de la ciudadanía y de las entidades durante cerca de 30 años, trabajando de la mano de la ciudadanía para la vigilancia de la gestión pública, esté nuevamente frente al riesgo inminente de desaparecer.

Por tal motivo, todos los miembros del sindicato asistirán hoy al Congreso de la República a defender su permanencia. De hecho, en medio de la defensa de la Entidad, el sindicato solicitó a las Comisiones Primeras del Congreso de la República convocar a audiencia pública para que los trabajadores puedan ser escuchados en la discusión del proyecto de Ley que propone eliminar a la Veeduría Distrital, que fue agendada para hoy, a partir de las 3:00 p.m.

Vale mencionar que, durante los últimos periodos constitucionales, se ha intentado suprimir a la Veeduría Distrital en más de seis ocasiones.

El Sindicato de Trabajadores, además, recalcó que no existe duplicidad de funciones con los otros dos órganos de control de Bogotá, pues mientras la Personería Distrital es responsable del control disciplinario y la defensa de los derechos humanos, y la Contraloría de Bogotá ejerce el control fiscal, la labor de la Veeduría Distrital es netamente preventiva y está alertando permanentemente a la Administración Distrital sobre posibles actos de corrupción, que le ahorran a la ciudad miles de millones de pesos y con los cuales pueden priorizarse otros temas de inversión social y gasto público.

Así mismo, recordó que la Veeduría Distrital jamás ha sido cuestionada por actos de corrupción ni ningún veedor ha sido relevado de su cargo por algún escándalo de moralidad pública.

No obstante, vale mencionar que a mediados de junio del año pasado, el entonces concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, denunció que el veedor, para ese momento, Guillermo Rivera, estaba haciendo uso de la institución con fines políticos, refiriéndose a la contratación de seis personas que, según afirmó, no residían en Bogotá y por lo menos dos estaban haciendo campaña por el Pacto Histórico, además de tener obligaciones simultáneas con otras entidades.