Las alertas emitidas por la Procuraduría llevaron a que la Alcaldía de Riohacha, en La Guajira, suspendiera la licitación para la elección del nuevo operador de acueducto y alcantarillado para la ciudad.
En su actuar, el órgano de control había advertido de posibles inconsistencias en informes de planeación de obras, costos y fallas técnicas para ejecutar el proyecto en zonas rurales del municipio.
En las diligencias adelantadas por la Procuraduría tampoco se evidenció documentación completa sobre los riesgos de las obras y las garantías para la ciudad, incurriendo, presuntamente, en vulneración de los principios de la contratación pública.
Otro hecho que suma a este caso es el de las obras de la Comuna 10, en donde se pudo evidenciar que no se tuvo en cuenta la situación real de la infraestructura para la ampliación de redes de acueducto, poniendo en riesgo cerca de 29 mil millones de pesos procedentes de las regalías.
Ante las alarmas y acogiendo los requerimientos hechos por el Ministerio Público, el alcalde encargado de Riohacha, Miguel Jerónimo Panciera Di-Zopola Martínez, decidió suspender el proceso de licitación.
“Nos permitimos informarles que daremos atenta nota a lo observado y, en razón a ello, daremos la suspensión del proceso licitatorio, a partir del vencimiento del traslado del informe de evaluación, el cual vence el día 11 de enero de la presente anualidad, en virtud al cumplimiento de los términos preclusivos y perentorios de los que trata la Ley 80 de 1993”, reza el oficio de la alcaldía hecho llegar a la Procuraduría.
Ante la suspensión del proceso de la elección del operador, la Alcaldía invitó al órgano de control a hacer parte de las mesas técnicas para sacar adelante el proyecto y que la comunidad de Riohacha pueda gozar de un servicio de acueducto y alcantarillado eficiente y de calidad.
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En la labor preventiva, el organismo de control reiteró en más de un ocasión observaciones al mandatario local, José Ramiro Bermúdez Cotes, sobre los requisitos del proceso licitatorio y la importancia de tener claridad frente a la valoración económica de la infraestructura existente.
De igual forma, en diversas mesas técnicas llevadas a cabo, la Procuraduría puso de manifiesto los riesgos en torno al proceso contractual, sin que hasta el momento se haya dado respuesta a muchas inquietudes, una de ellas la no publicación de la matriz de riesgo ni de los pliegos de condiciones, lo que infiere una presunta vulneración de los principios de la contratación pública.