La Corte Constitucional recibió una notificación relacionada con la sentencia T-413 de 2021, con la que se negó la posibilidad de reanudar la fumigación con glifosato en Colombia. Esta práctica está suspendida desde 2015.
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,Camilo Alzate, fue quien radicó la solicitud ante la Corte, argumentando que en Colombia produce 4,1 cosechas de hoja de coca al año, con las cuales se fabrican 1.228.000 kilogramos de cocaína pura por año.
La petición también incluía que no fuera necesaria la consulta previa a las comunidades para utilizar el herbicida en narcocultivos
Por su parte, la Corte concedió el amparo presentado por varias organizaciones y líderes sociales que defendían que no se les había consultado la decisión y reconoció "los derechos fundamentales al debido proceso, a la participación, a la consulta previa y de acceso a la información de los demandantes"
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En la Sentencia T-413 de 2021, la mayoría de la Sala decidió confirmar la sentencia de segunda instancia en cuanto al amparo a los derechos fundamentales a la consulta previa y a la participación ambiental de los accionantes. En este sentido, ordenó dejar sin efectos las Resoluciones 001 del 10 de marzo de 2020 y 694 del 14 de abril del 2021.
A su vez, ordenó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que, en el término de un año, prorrogable hasta por seis meses más, adelante un proceso de consulta previa con las comunidades étnicas que tienen presencia en cada uno de los núcleos de operación del PECIG, compuestos por 104 municipios en 14 departamentos.