Un nuevo anuncio sobre los gestores de paz que designará el Gobierno para mediar en la conflictividad en diferentes regiones del país, hizo el presidente Petro, quien dijo que se prepara un programa con el fin de contar con 100 mil jóvenes para ocuparlos en esta tarea, con un sueldo cada uno de $1 millón mensual. El mandatario dijo que de esta forma también se le arrebata la juventud a los grupos armados, que los reclutan aprovechándose de su pobreza.
Esto se suma a que en días anteriores, el jefe de Estado anunció que jóvenes capturados por la comisión de delitos, en el marco de las protestas del año anterior, serán designados gestores de paz y voceros del presidente para la conflictividad social y, como consecuencia, recuperarán la libertad.
"Centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia”, dijo en esa oportunidad el presidente Petro.
En tanto que, durante la presentación del balance del Programa de Generación de Empleo para Jóvenes “Empleo Hay”, de la Cámara de Comercio Colombo Americana, el mandatario dijo que el objetivo del Estado es lograr “un programa amplio” que permita cobijar a 100 mil jóvenes, que reciban “un ingreso que permita vivir con cierta dignidad, competir con el salario que entrega el grupo multicrimen y que, a cambio como contraprestación, pueda haber estudio”.
Agregó que es una forma por la cual “le quitamos la juventud a la mafia, que es un objetivo de paz, porque si se logra, buena parte de la violencia en Colombia cede”.
El primer mandatario explicó que “estamos preparando un programa de gran dimensión, de ahí el porqué estamos hablando de gestores de paz, porque queremos actuar con la juventud excluida, por lo menos, en las zonas de más alta violencia de Colombia, regiones excluidas como Urabá, barrios pobres de Cartagena, Montería, Barranquilla”.
El presidente Petro aseguró que esa exclusión juvenil es aprovechada por los grupos multicrimen.
Por eso, consideró que un grupo como el ‘Clan del Golfo’, según cifras de la Policía Nacional, tiene 6 mil de sus miembros presos, razón por la cual cuestionó: “¿Por qué no se ha acabado? Seis mil es un número enorme como para que un tipo de organización criminal así se hubiera extinguido hace tiempo”.
Añadió que “hay un inmenso caldo de cultivo para el reclutamiento, y ese inmenso caldo de cultivo, ese espacio, no es más que la juventud sin perspectivas”.
- Le puede interesar: El Estado no apuesta suficientemente por la cultura: Osorio
Reacciones a este anuncio
La senadora de oposición María Fernanda Cabal dijo que "Petro pretende darle $1’000.000 a 100 mil jóvenes por ser ‘gestores de paz’. ¿De dónde saldrá ese billón doscientos mil pesos? Los jóvenes entenderán que no es trabajando sino delinquiendo que se pueden ganar un millón de pesos, siendo gestores de paz como los de ‘primera línea’".
Mientras que el ex precandidato presidencial Enrique Peñalosa señaló que "los 100.000 'gestores de paz' serán activistas políticos (y muchos milicias políticas) al servicio de la eternización de Petro en el poder, pagados con los impuestos de los colombianos".
A su turno, el ex precandidato presidencial y director del Partido Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, expresó que "Petro anunció que 100 mil jóvenes gestores de paz recibirán $1 millón mensuales. Este tipo de payasadas sin sustento, hablar por hablar, generar expectativas al garete es populismo del más peligroso".
De otra parte, parlamentarios del Centro Democrático radicaron en la Corte una demanda a Ley 2272 de 2022 o Ley de la Paz Total, argumentando que es inconstitucional porque no cuenta con un concepto del Consejo Superior de Política Criminal; porque supuestamente en esta norma el Gobierno se atribuye funciones que son de la rama Judicial y la Legislativa; también porque desconocería los derechos de las víctimas en materia de justicia, reparación y garantías de no repetición.
Esta ley habilita al Gobierno para iniciar conversaciones de paz con todos los grupos armados ilegales, al igual que con base en ella designará los gestores de paz.
Así mismo, parlamentarios del Centro Democrático radicaron ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad del Decreto 2422 que expidió el Gobierno para la conformación de una comisión intersectorial, que entre otras funciones recomendará al presidente Petro la admisión o exclusión de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros de paz.
“Estamos liderando con el Centro Democrático una demanda contra el decreto que emitió el Gobierno nacional. Un decreto evidentemente ilegal e inconstitucional, donde el presidente y sus ministros se extralimitan en las funciones que dio el Congreso de la República”, dijo la senadora Paloma Valencia.