Por un fallo de la Corte Constitucional, ordenaron a Empresas Públicas de Medellín a mantener las ayudas para las personas damnificadas por la emergencia de 2018 en Hidroituango.

El alto tribunal resolvió una acción de tutela interpuesta por un campesino que fue desplazado de su hogar por la subida del río Cauca que inundó a varias viviendas de siete municipios.

Según el agricultor, en mayo de 2020 EPM le suspendió la ayuda económica porque rechazó una indemnización a cambio de renunciar a la acción de reparación por los perjuicios ocasionados.

En su momento, la entidad aseguró que con el cambio de alerta roja a naranja en las zonas de riesgo por la emergencia, por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo y de Desastres (UNGRD), no era necesario seguir dando las ayudas y los habitantes regresarían a sus viviendas.

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Sin embargo, la Corte Constitucional rechazó el argumento de EPM y le ordenó no suspender la entrega de recursos a las familias damnificadas, ya que el nivel de emergencia persiste.

“Resulta claro que en la actualidad los municipios ubicados dentro de la posible ‘mancha de la inundación’ del río Cauca no se encuentran en condiciones ordinarias de recuperación o en el estado de normatividad absoluta que EPM pareciera concluir apresuradamente de la Circular 032, pues, aunque en menor grado, la situación de emergencia persiste y el evento no ha desaparecido”, decía el fallo.

Ahora EPM tiene 48 horas para reiniciar las ayudas al campesino damnificado, además de que tendrá un mes para presentar una serie de acciones para la reubicación y reparación de las familias afectadas.