LA ORGANIZACIÓN Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), órgano consultivo de las Naciones Unidas que agrupa a las contralorías del mundo, pidió ayer que se mantenga la independencia de la Contraloría General de la República de Colombia en desarrollo de la investigación sobre el caso del proyecto Hidroeléctrico de Ituango (Hidroituango).
Mediante un comunicado, el director general de Intosai, Einar Gørrissen, explicó que se hará seguimiento a potenciales amenazas que se han dirigido al ente de control, a través del procedimiento denominado Mecanismo de Defensa Rápida de la Independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (Siram, por sus siglas en inglés), con el fin de que apoyen al organismo fiscalizador que percibe “un riesgo a su independencia después de la publicación del informe de control excepcional sobre Hidroituango y que ha solicitado la aplicación del mecanismo Siram”, se lee en el documento.
Igualmente, el directivo de Intosai destacó que “un mandato suficientemente amplio y facultades plenamente discrecionales en el cumplimiento de las funciones son un componente indispensable de la independencia de la Contraloría General de Colombia”, conforme a lo establecido en la Declaración de México sobre la Independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS).
Adicionalmente, sostuvo que “la Contraloría debería contar con la libertad de decidir el contenido y la oportunidad (momento) de sus informes de auditoría, al igual que sobre su publicación y divulgación. En este sentido, la IDI dará seguimiento a potenciales amenazas y/o violaciones -de jure o de facto- a la independencia de la Contraloría respecto del caso del control excepcional sobre Hidroituango”.
Frente a la evaluación del caso y la revisión del marco legal del organismo colombiano, “la IDI ha identificado áreas de oportunidad para mejorar dicho marco legal, a fin de asegurar su cumplimento con los principios de la Declaración de México. La IDI expresa su deseo de brindar apoyo a las autoridades normativas, a la Contraloría o a las partes interesadas de la República de Colombia respecto de este asunto”, indicó Gørrissen.
Finalmente, Intosai detalló que “la presente Declaración no constituye postura o juicio alguno sobre la disputa legal que está en curso, ni sobre las responsabilidades fiscales determinadas por la Contraloría General como resultado del control excepcional sobre Hidroituango”.
Demanda de constructores
Justo cuando el organismo consultivo de Naciones Unidas anunciaba su respaldo al órgano de control, se conoció que el juzgado 17 de Familia de Oralidad de Bogotá aceptó la tutela interpuesta por las constructoras Conconcreto y Coninsa Ramón H, dos de las tres firmas que integran el consorcio del megaproyecto hidroeléctrico, contra la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría.
Las dos firmas piden que se suspenda inmediata y temporalmente el proceso que adelanta la entidad que, en el mes de septiembre, emitió un fallo con responsabilidad fiscal por $4,3 billones, a título de culpa grave, contra 26 funcionarios y contratistas, por concepto de daño al patrimonio de la Nación.
Según lo manifestado por los representantes legales de estas compañías se pide que la suspensión se mantenga hasta que la aseguradora Mapfre “concluya el ajuste y pago de las sumas que viene pagando a título de indemnización derivada de la cobertura ya reconocida por ella bajo la póliza Todo Riesgo Construcción”, con el fin de establecer si existió un saldo insoluto de daño fiscal de la obra.
Cabe recordar que la Contraloría tendrá que decidir si ratifica el fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones en contra de los constructores de Hidroituango por la emergencia ocasionada en 2018.
Esta decisión ha causado polémica ya que Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha advertido en varias oportunidades que, en caso de prosperar la demanda, se tendrá que cambiar los constructores del proyecto, lo que ocasionaría mayores retrasos en la ejecución de la obra.