Permisos para ir a trabajar a la calle tendrán las personas condenadas en las cárceles, quienes saldrán por la mañana y regresarán por la noche a dormir. Así de lunes a viernes, en tanto que los sábados y domingos estarán recluidas. Así lo anunció ayer el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien dijo que se propondrá en un proyecto de ley que radicará el Gobierno en marzo próximo.
Explicó el funcionario a Noticias RCN sobre esta iniciativa que “la persona sale a trabajar a la calle, por supuesto un trabajo vigilado por el Estado previamente previsto con una empresa que lo contrata, y vuelve a la cárcel a pasar la noche y a pasar los fines de semana”.
Incluso dijo el ministro de Justicia que, dependiendo del comportamiento de la persona y el cumplimiento que tenga con la medida, puede llegar a que “solo tiene que ir a la cárcel el fin de semana, y así sucesivamente. Un sistema de premios en que la persona que se va reinsertando a la sociedad pues va teniendo menos privación de libertad”.
En noviembre pasado, el ministro de Justicia anunció en la plenaria del Senado que en marzo próximo se radicará un proyecto de ley que propone una reforma al sistema penal y a la política criminal del país.
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Destacó que en líneas generales se trata del uso racional de la cárcel, tras indicar que la Corte Constitucional ha dicho que “el hacinamiento no se soluciona siempre con más cárcel, a veces se soluciona con menos cárcel. ¿Qué quiere decir eso?, penas más cortas, que permitan que sea cierta la idea de la resocialización y redención de la personas”.
Aceptó el ministro Osuna que esa propuesta va a chocar frontalmente con el populismo punitivo que, en sus palabras, ha hecho boga hace algunos años, “pero ese populismo punitivo es el que nos tiene en esta grave situación”, puntualizó.
En esa oportunidad el ministro de Justicia llamó la atención que de las 195.265 personas privadas de la libertad, 97.300 están en el sistema carcelario; 128.000 en las cárceles y 71.185 en detención domiciliaria.
Además, dijo que hay 2.900 personas en el sistema carcelario de las entidades territoriales, 22.300 detenidas en estaciones de policía y 1.500 en las Unidades de Reacción Inmediata, URI.