Con la vocería del presidente del Concejo de Bogotá, Samir Abisambra (Partido Liberal) y la presencia de la alcaldesa Claudia López y de varios de sus secretarios de Gobierno como María Mercedes Jaramillo (Planeación), Felipe Jiménez Ángel (Gobierno) y Carolina Urrutia (Ambiente), entre otros, además del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, ayer se realizó la primera audiencia pública sobre la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.

En el marco de la misma, el Concejo comenzó a escuchar las ideas, percepciones y recomendaciones de los ciudadanos para que tanto ponentes como el resto de los concejales puedan dar su concepto una vez esté listo el trámite. Con más de 500 inscritos para participar en las dos audiencias públicas que habrá (la otra se realizará hoy), la primera en hablar, con 20 minutos, fue la mandataria distrital.

“Estamos solicitándole al honorable Concejo que decida, en el marco de sus competencias, si Bogotá debe vincularse o no a la Región Metropolitana. De este tema llevamos hablando dos años y medio, y para llegar a este trámite hemos surtido una reforma constitucional. Bogotá es la única ciudad de Colombia que no puede usar una figura de área metropolitana por decisión legal, de manera que teníamos que crear una figura de asociatividad distinta al área (…) Hubiéramos podido tramitar la misma figura con otro nombre, pero la Alcaldía y la Gobernación decidimos no usar ese diseño institucional porque no queremos proponerle a Cundinamarca que se adhiera a Bogotá, ni a ningún municipio decirle que la capital es más importante; o que pierda competencias y tenga que ceder recursos. Nos parece asimétrico”, comenzó su intervención la alcaldesa López.

Acto seguido explicó que el hecho mismo de que sea una Región Metropolitana implica una relación entre iguales, en la que ningún municipio se adherirá a Bogotá, ni la capital será una “vaca lechera a la que le quitan recursos para nutrir un esquema institucional. Esta Región no va a ser otra Corporación Autónoma Regional, en donde Bogotá pone el 90% de los recursos y es uno de 23 votos en sus decisiones”.

No habrá, reiteró la alcaldesa, un municipio núcleo, lo que implicará una relación entre iguales entre la Gobernación, sus municipios y la ciudad de Bogotá. Esos tres tipos de entes se reunirán como iguales sin ceder funciones.

Decisiones y espacio de participación

Precisó también que en el marco de este proyecto el control político se ejercerá por la Asamblea de Cundinamarca, el Concejo de Bogotá y los concejos municipales que hagan parte de la Región Metropolitana, los cuales podrán citar al director y a los gerentes de sus agencias. No obstante, las decisiones serán tomadas por consenso por el Consejo Regional en el que participan Bogotá, Cundinamarca y los municipios en igualdad de condiciones.

Así mismo, el Ágora Metropolitana será un espacio de encuentro, deliberación y concertación para proponer, cocrear y priorizar iniciativas y propuestas que incidan en la construcción, el seguimiento y la evaluación de las políticas, programas, planes y proyectos de la Región Metropolitana.

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Desafíos y competencias

Señalando que en este momento hay siete grandes desafíos: ordenamiento territorial, abastecimiento alimentario, movilidad, gestión ambiental, seguridad, convivencia y justicia, desarrollo económico y servicios públicos, la mandataria distrital señaló que para hacer una carretera hay que pedir permiso al Ministerio de Transporte. “La hemos bajado de allá a la Región para que esta sea la autoridad competente y pueda construir una carretera”, agregó.

Y con relación al Consejo Regional, “en donde estaremos representados todos los municipios que autónomamente decidamos vincularnos, y la Región, seremos cada uno un voto, y nos pondremos de acuerdo en qué haremos juntos, en cómo lo haremos y en cómo lo financiaremos, caso por caso, tema por tema”.

Añadió, con relación a la financiación con recursos corrientes y permanentes para el funcionamiento de la Región, que será el Gobierno nacional quien lo haga. “El Gobierno nacional tiene, por ley, la obligación de asignar una partida presupuestal anual de no menos de $73 mil millones que garanticen el funcionamiento de la Región Metropolitana. En cambio, su inversión sí será financiada de común acuerdo”, precisó la mandataria.

Solicitud de crear autoridad ambiental

La alcaldesa concluyó su intervención haciendo dos salvedades a los concejales, especialmente al colectivo del Pacto Histórico, con relación a las dos más grandes preocupaciones para oponerse a este proyecto de integración.

“Quiero decirles a los concejales, especialmente a los del Pacto Histórico: hay dos argumentos que ustedes han dado por los cuales se oponen a esta Región: el de participación y votación popular; eso es falso. Seguirle repitiendo eso a la ciudadanía es una mentira. Tengamos el debate con un mínimo de lealtad. Y el segundo, el de la autoridad ambiental. Que la región no tenga una y que tampoco reforme la CAR. Lo comparto. Y como lo comparto hoy presento el texto que le propusimos al señor presidente, Gustavo Petro, y está a su consideración para que él proponga ante el Congreso de la República modificar el Acto Legislativo, modificar la ley, crear la autoridad ambiental y modificar la CAR”, precisó la mandataria.

Vale referir que este texto se presentó el pasado 13 de septiembre, en reunión con el presidente de la República, y la propuesta fue consultada y presentada de común acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.

Concejales se oponen a este proyecto

Poco después de que la mandataria expusiera los beneficios de este proyecto de integración regional, algunos de los concejales que ya se habían manifestado en contra del mismo reiteraron su posición de rechazo a través de una misiva.

En específico, el concejal Diego Cancino (Alianza Verde) entregó una carta a todos los concejales indicando que, aunque Cundinamarca y Bogotá merecen una región con visión compartida que genere confianza y enfrente los poderes políticos que se pliegan a los intereses financieros de la región, entre otros, la propuesta en curso es una apuesta de concentración de poder, que busca instaurar un modelo de cogobernanza cerrado.

“La Ley Orgánica pasa por encima de todo lo que se había avanzado en ordenamiento territorial sobre la base de la gobernanza colaborativa, descentralizada y policéntrica en la región”, anotan.

De acuerdo con la carta abierta, “con este modelo se corre el riesgo de intensificar la aglomeración urbana, de intensificar la inequidad entre el mundo urbano y el mundo rural y de subordinar los municipios del departamento al desarrollo de una gran ciudad aglomerada que se expande de Bogotá hacia afuera”, precisa la misiva.

Además, la carta llama la atención sobre los riesgos que conlleva esta propuesta frente al cambio climático, el ambiente y la estructura ecológica e hídrica de la región, las vocaciones productivas y la seguridad alimentaria, entre otros.

“Estamos entregándole a todos los concejales una carta abierta para que votemos no al inconveniente proyecto de Región Metropolitana. Está firmada por la exsecretaria de Planeación, Carmenza Saldias, Angélica Camargo, Mario Noriega, Andrés Hernández y José Salazar. La confianza no se construye haciendo alianzas por lo alto entre gobernadores y alcaldes, desconociendo la ciudadanía. Y qué gobernadores. Que han estado involucrados en el volteo de tierras”, expresó ayer en horas de la tarde el concejal Cancino, quien reiteró que este proyecto no toca la CAR.