La Procuraduría General de la Nación destacó las principales alertas para prevenir y preparar a los ciudadanos para la reducción del impacto de los desastres naturales.
El ente de control publicó las diferentes etapas de alerta en distintos puntos del país donde se puede presentar alguna emergencia. Este fue su diagnóstico.
La Mojana
Para la Procuraduría, en el municipio de San Jacinto del Cauca no se cuenta con instrumentos actualizados de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y Ordenamiento Territorial (OT). Eso los deja sin herramientas apropiadas para gestionar el riesgo de manera preventiva y sin recursos para atender las emergencias.
Este ente no evidenció soportes que justifiquen las diferentes decisiones que han tomado las autoridades en relación con el cierre de jarillón.
La percepción general es que los trabajos de cierre se ejecutan de forma muy lenta. Teniendo en cuenta que la zona es lluviosa, se exhorta a las autoridades para aumentar las cuadrillas y trabajar de ser posible en doble jornada en los días que no hay precipitaciones.
Es conveniente acordar la visita con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y los alcaldes con el fin de verificar los avances de las obras de mitigación.
Los trabajos del canal México o La Esperanza se vienen realizando con dos dragas, una aguas arriba y otra aguas abajo.
Actualmente solo se encuentra trabajando la draga de la parte sur del canal, ya que la otra no pudo continuar con su labor, porque presuntamente campesinos del sector lo impiden debido a que manifiestan que primero deben recoger sus cosechas de arroz, que se encuentran en la zona de trabajo de la draga
Canal del Dique
En el marco de la acción preventiva adelantada se formularon las siguientes alertas:
El ente de control asegura que se requiere de manera urgente la ejecución de las obras de mitigación y acciones de respuesta en la zona del Canal del Dique. La comunidad, alcaldías, gobernaciones y la Universidad del Magdalena tienen identificados los puntos críticos y los diseños.
La inminencia del incremento de las lluvias en lo que queda del año no permite más estudios y consultas.
El Estado de Emergencia solo puede ser usado para enfrentar una crisis sobreviniente, esto es, que derive de hechos imprevistos y anormales, para su declaratoria se deben reunir unos requisitos muy claros, porque si hay conocimiento de que existen riesgos graves e inminentes, lo razonable es ejercer de forma eficiente los recursos legales ya relacionados.
La Procuraduría advierte que a la fecha no se registra el inicio de labores para la mitigación del riesgo por inundación en la zona del Canal del Dique.
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Hidroituango
En febrero del presente año, tras conocer las recomendaciones del informe final Pöyry, se convocó y se efectuaron reuniones virtuales con las Empresas Públicas de Medellín, con el propósito de tener un diagnóstico de la situación de GRD de los municipios aguas abajo del proyecto.
Entre el 28 de marzo y el 1 de abril de 2022 se realizó visita por parte de un equipo de experto de funcionarios de este órgano de control, con el propósito de conocer en terreno, las acciones efectuadas por EPM frente a las recomendaciones del mencionado informe y el estado de la GRD en Caucasia, Nechí, Cáceres, Tarazá y Valdivia.
Como resultado de la visita antes mencionada, fue posible evidenciar falencias en los instrumentos de GRD y OT de los municipios aguas abajo del sitio de presa; por lo que este despacho, a través de un trabajo articulado con EPM, Dagran, Ungrd y Corantioquia, ha impulsado el desarrollo de una estrategia de fortalecimiento de estos instrumentos, con el propósito de que los alcaldes cumplan con la normatividad vigente en la materia y garanticen la vida y bienes de los habitantes bajo su jurisdicción.
Volcán Nevado del Ruiz
El ente de control advierte que es necesario trabajar con las autoridades competentes y los medios de comunicación para desmotivar e incluso sancionar la desinformación y las noticias falsas en torno al volcán.
La publicación constante en redes sociales de falsas alarmas y alertas sin evidencia científica puede generar un ambiente de incertidumbre, lo que desencadena pánico en la comunidad y conlleva a que los organismos de socorro no atiendan el llamado cuando se trate de una emergencia real.
Por eso señala que los únicos boletines válidos sobre el estado de actividad del volcán y la posible activación de la alerta son los del Servicio Geológico Colombiano (SGC), que los publica en sus redes sociales y página web y/o radio y televisión cuando los primeros fallen o lo ameriten las circunstancias.
También recuerda que la posible amenaza volcánica del país no proviene sólo del Nevado del Ruiz, sino de todo el sistema volcánico del Parque Los Nevados, en especial del volcán Cerro Bravo que tiene un potencial explosivo y destructivo incluso superior al del Nevado del Ruiz y representa una amenaza mayor para Manizales.
Fenómeno de La Niña
La Procuraduría indica que se han puesto en evidencia debilidades en las capacidades de las entidades territoriales para la debida gestión del riesgo de desastres, en especial en la preparación para la temporada de lluvias 2021-2022, entre las que se resaltan:
- Omisión en la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los Planes de Ordenamiento Territorial. Tan solo el 15 % de las entidades territoriales han cumplido con esta obligación.
- Fondos municipales y departamentales del riesgo con limitados recursos económicos.
- Limitación presupuestal de los municipios para la creación de mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo a escalas detalladas que permitan tomar acciones preventivas y de mitigación ante los efectos de las inundaciones y movimientos en masa.
- Debilidad en las capacidades operativas y administrativas de los organismos de socorro, en especial de los cuerpos de bomberos y la Defensa Civil.
Por último, llamó la atención sobre los retrasos en la entrega de la reconstrucción de Mocoa (Putumayo), donde advierte que se evidencia un posible incumplimiento con la finalización de 204 viviendas para el 14 de octubre. Y se insiste en la entrega del cronograma actualizado de actividades, aprobado por el interventor y derivado del arreglo directo entre el consorcio y la Ungrd.