En medio del escándalo esta semana por la orden de libertad a Jorge Luis Alfonso López, conocido como el ‘Gatico’, el juez revocó esta medida después de que el Gobierno le retirara la designación de facilitador de paz con grupos armados organizados. Sin embargo, la polémica no para porque estas designaciones podrían ser utilizadas por algunos para hacer trampa y obtener beneficios, como lo advirtió el fiscal Barbosa.

El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, a cargo del juez Orlando José Petro, señala en el fallo que “en vista de las publicaciones de prensa que se han escuchado el día de ayer (jueves) y el de hoy (viernes), en las que se pide por parte del alto Gobierno, Presidencia de la República, la revocatoria de la libertad concedida al señor Jorge Luis Alfonso López, explicando que la labor encomendada a él como facilitador de paz no requiere efectuarla fuera de su lugar de reclusión, este despacho considera necesario revocar la libertad temporal concedida, en auto de fecha 2 de febrero de 2023, para que siga cumpliendo la pena que se le impuso”.

Poco tiempo después de conocerse el fallo, funcionarios del establecimiento penitenciario y carcelario de Barranquilla El Bosque se dirigieron hasta el domicilio de Alfonso López para proceder a reseñarlo, según indicó en un comunicado el Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), “donde cumplirá su detención, ante la nueva medida judicial", indicó el organismo.

Jorge Luis Alfonso López fue condenado a 29 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, pues la justicia lo encontró responsable del crimen del periodista Rafael Prins, quien presentó denuncias en su contra cuando se desempeñó como alcalde del municipio de Magangué. 

Alfonso López es hijo de la exempresaria del chance, Enilce López, conocida como ‘La gata’, condenada a 37 años de prisión por concierto para delinquir por sus vínculos con grupos armados de autodefensa, quien sin embargo hasta el momento ha cumplido la mayor parte de su pena en hospitales por los problemas de salud que ha manifestado. 

Hace dos años que Jorge Luis Alfonso López recibió el beneficio de prisión domiciliaria por sentencia del mismo juez Petro, decisión que en ese momento también causó polémica por los graves delitos por los que está condenado. 

A pesar de ello, de esa época a hoy Alfonso López ha gozado de ese beneficio, hasta el pasado jueves, cuando este Juzgado ordenó su libertad fundamentado en una resolución de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en que lo designó como facilitador de paz ante grupos armados organizados.

Sectores políticos de oposición rechazaron que esta persona condenada por graves delitos obtuviera la boleta de libertad, a partir de la designación que hizo el Gobierno como facilitador de paz, con el objetivo de  que hiciera el puente con organizaciones multicrimen, pues como se sabe el presidente Petro, en su política de paz, busca iniciar conversaciones con todos los actores armados con el fin de que sus integrantes se sometan a la justicia, a cambio de algunos beneficios penales.

Por su parte, el fiscal general, Francisco Barbosa, dijo el pasado miércoles, a propósito de este caso, que la estrategia de paz que promueve el Gobierno no debe “ser tramposa y de espaldas al país”.

Agregó Barbosa Delgado que “dicho acto del Gobierno provoca esa libertad, eso no puede estar ocurriendo, la Fiscalía rechaza de plano esa situación”. 

También el miércoles pasado, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que el Gobierno “no ha solicitado la orden de libertad de Jorge Luis Alfonso López”. Agregó que el “Alto Comisionado de Paz no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura, ya que esa es una facultad exclusiva del Presidente de la República. No hay ningún decreto firmado –repito– que pida la libertad del señor López”.  Además Prada, a nombre del Gobierno, solicitó al juez que revocara esa decisión.

Luego, el jueves pasado, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz revocó la designación de Jorge Luis Alfonso López como facilitador, cuando le restaban 12 días para cumplir esta función. Se conoció que la principal razón para tomar esta decisión es que se filtró su nombre, lo cual pone a consideración del Gobierno en peligro la labor y a la persona que la desarrolle.

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Otra investigación al juez

El Juez de Barranquilla dijo que antes de estudiar la solicitud de libertad a Alfonso López, el Juzgado a su cargo envió una comunicación a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz "para que remita a este despacho la providencia original, mediante la cual autoriza al señor Alfonso López para que contribuya en la labor asignada al Alto Comisionado para la Paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados”.

El comisionado Danilo Rueda le dijo ayer a W Radio que “la carta (del juez) se conoció luego de que llegó por gestión pública el 31 de enero, y se respondió a los pocos días simplemente remitiendo la resolución. Y esa resolución como facilitador expresa claramente el rol, nunca se pide excarcelación”.

De otra parte, la Procuraduría General denunció disciplinariamente al Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Orlando José Petro Vanderbilt, por las presuntas irregularidades en las que pudo incurrir al dejar en libertad a Jorge Luis Alfonso López.

La denuncia fue instaurada por la Procuradora Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico, al considerar que “inexplicablemente” el funcionario optó por conceder la libertad de Alfonso López “otorgándole –sin ningún asidero legal– el tratamiento reservado a los miembros representantes o a los voceros de algún grupo armado ilegal con el que se estuviese adelantando proceso de paz o de sometimiento a la justicia”.      

Para la Procuraduría, el juez asumió que debía suspender la aplicación de la pena que restringía la libertad de Jorge Luis Alfonso López, cuando es claro que en la Resolución 075 de 2022 el Alto Comisionado para la Paz nunca hizo alusión al tema, y mucho menos se solicitó la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta, como tampoco se ordenaba su libertad.

De igual forma la Fiscalía especializada contra la Corrupción inició una investigación al juez Petro por la presunta comisión del delito de prevaricato por acción.

Sigue el debate

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, dijo ayer que “si el Gobierno insiste en manejar con opacidad y falta de transparencia la cuestión de los ‘facilitadores’, la ‘paz total’ se trocará en impunidad total”.

De su parte, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, dijo que “aquí no lo han querido entender, pero ese sofisma que llaman ‘paz total’ puede terminar en la libertad de los más peligrosos criminales, que una vez en impunidad y con la excusa de ser gestores de paz, usarán la violencia para defender lo que les permitió estar fuera de la cárcel”.