La Procuraduría General informó sobre las observaciones al proceso de licitación pública que adelanta Coljuegos para "otorgar en concesión la implementación y operación a nivel nacional del juego de suerte y azar de la modalidad novedoso de tipo loto en línea denominado ‘Baloto’, por el término de cinco años”, con el fin de asegurar la transparencia en el proceso y el cumplimiento de las normatividades públicas vigentes.

Durante el periodo de vigilancia preventiva, se realizaron mesas de trabajo con representantes del gremio de juegos de suerte y azar, posibles proponentes y con la entidad en cuestión, con el fin de conocer detalladamente el modelo de negocio planteado para la concesión, las observaciones a los pliegos de condiciones y el proceso de selección del concesionario del juego novedoso tipo loto en línea.

“El órgano de control solicitó precisiones sobre el modelo de negocio, basado en unos ingresos brutos garantizados de $251 mil millones de pesos, exigidos por la Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar, y unos beneficios colaterales de 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes”, se lee en el documento.

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Asimismo, Coljuegos deberá explicar “en qué medida este modelo de negocio podría llegar a afectar los derechos de explotación que son los que garantizan las rentas para la salud en Colombia y qué riesgos han sido identificados frente un posible incumplimiento del concesionario, respecto de los ingresos mínimos esperados”.

También, la Procuraduría indicó que “se efectuaron una serie de observaciones sobre la experiencia en transacciones de recaudo o pagos en efectivo, exigida en este proceso licitatorio, y los riesgos que puede implicar para la concesión los cambios en las dinámicas de los apostadores”, al igual que el uso de tecnologías de la información, ya que resaltaron que en anteriores concesiones el cambio en la matriz de juego afectó la cantidad de apuestas.

La Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública advirtió que “esta vigilancia superior no implica en modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas”.