La Comisión de Gobierno aprobó ayer el proyecto de acuerdo priorizado No. 208 del 2023, de autoría de la Administración Distrital, por medio del cual se institucionaliza la representación de los vendedores informales a través del Concejo distrital y consejos locales.

El debate se inició con la intervención del concejal Manuel Sarmiento, quien indicó que “el aumento de las ventas informales en las calles de la ciudad es muestra del fracaso de la implementación de la economía neoliberal que se dio hace más de 30 años”.

Luego, en su uso de la palabra, la concejala Heidy Sánchez manifestó: “Vender en las calles es una opción que les toca a muchas mujeres dentro de la economía popular. La organización es lo que les ha permitido mantenerse en el espacio público”.

“En Bogotá debemos hacer un inventario de todas las instancias de participación que tenemos. La administración a veces no puede participar en todas. Recordemos que lo más importante es la incidencia en los proyectos”, expuso la concejala Lucía Bastidas.

El cabildante Diego Cancino acotó que “estamos en una oportunidad para garantizar que la participación de los vendedores garantice los derechos de ellos”.

A su vez, el concejal Álvaro Acevedo manifestó que “los vendedores ambulantes son sujetos de protección. Por ello las políticas públicas deben proteger este sector. Este proyecto es un punto de inicio para que ellos se empiecen a organizar y así exigir sus derechos”.

“Las ventas informales no son un delito o un problema. Si las personas se ganan la vida honestamente, no veo ningún problema. El desarrollo de este proyecto de acuerdo va por buen camino”, expuso el cabildante Carlos Carrillo.

“La iniciativa de este proyecto de acuerdo cuenta con una participación real. Quiero celebrar que se tenga en cuenta a las mujeres que hacen parte de esta economía”, indicó el concejal Luis Carlos Leal.

“Me alegra que en este proyecto se incluya a la población con discapacidades. Apoyo con mi voto este proyecto”, agregó al debate el cabildante Andrés Onzaga.

A su turno, Martín Rivera aseguró que se deben ofrecer servicios institucionales en función de la población de los vendedores informales. “Ojalá estos sean de educación”.

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Para Nelson Cubides, “necesitamos un modelo de formación para esta población. Las tasas de desempleo llevan a esa condición. Debemos tener proyectos más claros hacia esta opción informal”.

Luego de estas intervenciones se le dio el uso de la palabra a los vendedores informales y a la Administración Distrital.

“Vemos un proyecto mucho más robusto. Se pudieron recoger los intereses y posturas de los mismos vendedores”, indicó Alejandro Rivera, del Instituto para la Economía Social (IPES).

“Nosotros actuamos como invitados en este proyecto, dada nuestra función. Este proyecto tiene una naturaleza en la que nosotros no podemos incidir”, aseguró Armando Lozano, del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep).

Finalmente, el proyecto fue aprobado y ahora pasa a segundo debate.

El coordinador ponente es el concejal de Bogotá Julián Rodríguez, quien dijo que “con el proyecto generamos acciones para que los vendedores y vendedoras informales del Distrito desarrollen su actividad con seguridad, con herramientas para prevenir las violencias de género y con reglas claras frente a la elección de sus representantes. Es un compromiso de ciudad que apunta a dignificar su labor”, explicó.

La iniciativa también establece protocolos para la prevención, atención y detección de violencias basadas en género, la creación de una ruta única de atención a mujeres víctimas de esta violencia y la promoción del respeto hacia las vendedoras informales.