Avanzando en el caso contra la Unión Temporal Centros Poblados, responsable del desfalco a la nación por más de $70.000 millones, se conoció que la Fiscalía General firmó un preacuerdo con uno de los implicados.
Se trata de Luis Fernando Duque Torres, quien fue representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados.
De acuerdo con el documento, que será revisado por el juez 21 de Conocimiento de Bogotá el 14 de febrero de 2023, y que estaría sustentado con los interrogatorios que se le llevaron a cabo a Duque Torres, se preacuerda la pena en total de 52 meses de prisión, respecto de la pena de multa e inhabilidad, se tasa en las mismas proporciones.
Torres es acusado de los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación en favor de terceros. Pagaría una pena de 52 meses de prisión, es decir, cuatro años y tres meses, además de degradar la forma de participación de coautor a cómplice, esto por aceptar su responsabilidad y, según aseguró el ente investigador, haber brindado información para ayudar a esclarecer los hechos de corrupción.
Duque Torres, como lo señaló Caracol Radio, en su cargo como representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados fue quien autorizó el desembolso del anticipo de $70.243 millones, que terminarían en manos de las empresas Nuovo Security LLC e Inselsa S.A.S., que posteriormente se distribuyeron de la siguiente forma: Emilio José Tapia Aldana se habría quedado con $6.182.651.043 mientras que Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, propietario de la empresa Nuovo Security LLC se apropió de $9.062.301.903.
Responsabilidad
El procesado aceptó su responsabilidad por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación en favor de terceros.
Vale recordar que esta misma semana la juez 40 penal de Bogotá rechazó que la exministra de las TIC, Karen Abudinen, fuera reconocida como víctima en el proceso que se adelanta contra Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Agencia de Seguros, por el escándalo de Centros Poblados.
Durante esta diligencia, la juez, en cambio, reconoció como víctima al Ministerio de las TIC, a la Aseguradora BBVA, al Banco Itaú y al Fondo Nacional de Garantías y también negó el reconocimiento a la empresa CES Colombia.