La denuncia realizada por la concejal Diana Diago, del partido político Centro Democrático, efectuada el 10 de diciembre del 2022 en el marco del debate de Salud, en el que se reveló que unas ambulancias compradas por el Distrito no cumplen las condiciones técnicas de la norma Icontex 3729 actualizada, fue clave para la apertura de indagación previa por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Ante los hechos, la concejal aseguró, a través de una carta formal a la alcaldesa Claudia López, que “es necesario exigir la renuncia de los funcionarios que están al frente de las entidades donde se están presentando presuntas irregularidades para garantizar la protección de los recursos de la ciudad. Las denuncias no pueden pasar de agache y menos en un gobierno que se hizo elegir con las banderas de la anticorrupción”.
En su carta, la concejal Diago también menciona la presunta compra irregular de productos tecnológicos con sobrecostos por más de 5 mil millones de pesos. “Son presuntos casos de detrimento patrimonial que se han venido denunciando desde el Concejo de Bogotá. Los documentos formales y las pruebas ya se encuentran en la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Personería de Bogotá. Esperemos que la indagación de la Procuraduría esclarezca las presuntas irregularidades encontradas en la contratación”.
Este es uno de los múltiples llamados que realizan los concejales de Bogotá frente al derroche y mala gerencia de los recursos públicos de la ciudad.
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La carta de Diana Diago
La carta enviada por la concejal Diana Diago reza: “En mi calidad de ciudadana y concejal de Bogotá, me dirijo a usted respetuosamente para expresarle mi preocupación frente a los presuntos casos de corrupción que se viene presentando en la Administración Distrital y, específicamente, en la Secretaría Distrital de Salud. Los preocupantes hechos que se han denunciado en la entidad exigen la toma de acciones contundentes para darle una respuesta efectiva a los clamores ciudadanos. Como concejal, estoy comprometida con la protección y defensa de los recursos de los bogotanos para que estos efectivamente lleguen a los proyectos sociales que demanda la ciudadanía y no se pierdan en el camino".
Señala que "específicamente, el 10 de diciembre del 2022 denuncié las presuntas irregularidades por parte de la Secretaría de Salud en la compra, por más de 36 mil millones de pesos, de 105 furgones que están siendo utilizados como ambulancias en las 4 subredes de salud de la ciudad, vehículo que de acuerdo con las normas técnicas Icontec 3729 y con lo manifestado por las diferentes tripulaciones no son aptas para la atención de los usuarios”.
En una primera decisión, el Ministerio Público requirió información sobre los contratos celebrados desde 2020 para adquirir ambulancias o vehículos para acondicionarlos y, sobre los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá que “participaron en la etapa precontractual, celebración, ejecución y liquidación de estos”, sostiene.
Indagación de la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación comunicó que, como consecuencia de la denuncia presentada por la concejal Diana Diago, abrió indagación previa para identificar a los servidores públicos de la Secretaría de Salud que participaron en la supuesta compra irregular de 105 furgones que se hicieron pasar por ambulancias. Ante esto la concejal Diana Diago le solicitó a la alcaldesa Claudia López que exija la renuncia del secretario de Salud, Alejandro Gómez.
De acuerdo con la información divulgada a través de varios medios de comunicación, la Administración distrital habría adquirido camiones que, al parecer, fueron adecuados para la atención de pacientes.
La cabildante señaló que “nos metieron gato por liebre, la administración de Claudia López compró furgones y los habilitaron para ambulancias La suspensión no sirve, la parte eléctrica no sirve, 36 mil millones de pesos en despilfarro”.
La indagación previa abierta por el ente disciplinario busca identificar los servidores públicos que participaron en la compra de los vehículos, presuntamente sin cumplir con las exigencias establecidas en la norma técnica para prestar ese servicio.