La Contraloría de Bogotá reveló importantes hallazgos tras varias auditorías al sector de Movilidad. Entre estos destacó la falta de trabajo de cobro de 11.025 infracciones de tránsito (impuestas entre 2016 y 2021), que prescribieron ante la ausencia de una efectiva gestión por parte de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. 

Del mismo modo la Contraloría halló que $1.787 millones que que debían ser destinados a fortalecer la seguridad, convivencia y vigilancia de los usuarios del sistema de transporte masivo de Transmilenio se invirtieron en bonos y anchetas que se les dieron a los policías.

“No corresponden al objeto del convenio y tampoco le proporcionaron utilidad al sistema”, indicó el ente de control.

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En otra institución, el IDU se halló que  $2.335 millones, relacionados con incumplimientos del consultor en la calidad de los estudios y diseños y valores adicionales, por las prórrogas en la etapa de preliminares que se registraron en los contratos de obra para avenida Guayacanes.

“Haber presupuestado estampillas distritales, (contribuciones parafiscales con destinación específica) y no se realizaron las deducciones en las órdenes de pago durante la ejecución del contrato de la extensión de la Troncal Caracas en su tramo uno”, indicó la Contraloría.