En los 12 años de la Ley de Víctimas se ha indemnizado a un poco más de un millón de colombianos afectados por el conflicto armado. El avance es poco teniendo en cuenta que la población sujeto de esta medida es de 9,3 millones, según el Gobierno. La meta que tiene el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo es que el Estado cumpla con la reparación administrativa a por lo menos 600 mil ciudadanos en el cuatrienio. 

El objetivo es ambicioso, si se mira que el promedio anual de ciudadanos indemnizados en los tres anteriores gobiernos (dos de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque) fue de un poco más de 350 mil personas.  

El proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que presentó el Gobierno al Congreso, se propone indemnizar a 600 mil víctimas, y de esta forma llegar a un acumulado de 1.919.057 personas que reciben este beneficio. 

Además, el proyecto contempla avanzar en el cuatrienio en la concertación y formulación de 642 planes de reparación colectiva, la implementación de 300 planes de reparación colectiva, el retorno y reubicación de 368 mil víctimas, la superación de la situación de vulnerabilidad para dos millones de víctimas y llegar al 100 % de esta población con atención humanitaria. 

El Plan Nacional de Desarrollo recopila el estado actual de la población afectada por el conflicto armado. Explica que son 9,36 millones de personas, lo que representa el 20 % de los habitantes del país. Y aunque en 20 años (2002-2022) se destinaron 219 billones de pesos para la atención y reparación a las víctimas, solo se logró la indemnización del 14 %.

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 “En 2021 el 50,1 % (de las víctimas) se encontraba en pobreza monetaria. Si el número de víctimas dejara de aumentar hoy, repararlas integralmente podría tomar 67 años y costar, solo en el rubro de inversión, 142 billones de pesos”, señala el proyecto del Plan de Desarrollo. 

La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, dijo que es necesario “romper la indiferencia social” hacia ellas y reconocerlas en su dignidad, pues solo alcanzando estos objetivos “es posible lograr grandes transformaciones en un país que se había acostumbrado a la guerra”. 

Para mitigar los rezagos y las deudas en atención y reparación, se plantea en el proyecto del Plan la necesidad de fortalecer los procesos de retorno y reubicación, así como la restitución de tierras y de derechos territoriales, con el fin de que sean sostenibles en el tiempo.  

Para garantizar condiciones de vida digna, el objetivo es emprender acciones específicas en materia de seguridad, salud, educación, vivienda y generación de ingresos.