Para garantizar verdad plena a las víctimas del macrocaso 003 –asesinatos y desapariciones forzadas, presentados como bajas en combate por agentes del Estado en Antioquia–, la Procuraduría solicitó a la JEP que antes de considerar la expulsión del general Mario Montoya Uribe de la justicia transicional, profundice sobre su participación en los hechos ocurridos mientras ocupaba roles superiores como comandante en el Comando Conjunto del Caribe y en el Ejército Nacional.

En el documento de observaciones, el procurador delegado Jairo Acosta Aristizábal aseguró estar de acuerdo con la insatisfacción de las víctimas frente a los aportes de verdad de Montoya Uribe, que también inquietan a la Procuraduría.

“Hay contradicciones en el relato aportado y, haciendo una contrastación liviana, sujeta a corroboración, con la información acopiada dentro del macrocaso 003 en diversos subcasos, es viable identificar algunas faltas con la verdad relacionadas por lo menos con el conocimiento directo del fenómeno; la presión, a todo nivel, por resultados operacionales del tipo baja en combate y la competencia o criterios de medición entre unidades”, se explica en el documento. 

Preocupa al representante del Ministerio Público que, a hoy, el general Montoya Uribe solo ha podido ser interrogado por hechos ocurridos durante la comandancia de la Cuarta Brigada, mientras que las demás víctimas aún no han podido interactuar con él, lo cual afecta su derecho a la participación y por ende el éxito de este macrocaso.

Otras observaciones

En el escrito, la Procuraduría solicitó a la Sala de Reconocimiento de Verdad ampliar el número de comparecientes e incluir a integrantes de la Justicia Penal Militar y de la Policía Judicial, al igual que a otros organismos que entraron en contacto con la escena del crimen, para que expliquen la inactividad o la aplicación de otro tipo de gestiones de control por parte de las citadas comandancias.

También pidió que, al evaluar la determinación de los hechos y conductas aplicables a la Cuarta Brigada, la magistratura considere e integre los hallazgos del subcaso Dabeiba para conocer un contexto operacional y macrocriminal mucho más completo frente a los crímenes presuntamente cometidos por dicha unidad operacional.

Asimismo, llamó la atención a la magistratura sobre varios aspectos metodológicos de las versiones voluntarias, que se constituyen para la Procuraduría en malas prácticas que dificultan el desarrollo de la justicia transicional, al impedir, entre otros, el intercambio de preguntas y respuestas por parte de todos los intervinientes, limitando incluso la participación de la Procuraduría.

Al respecto, también señaló la Procuraduría que es necesario disponer de tiempos prudenciales para evitar jornadas extenuantes hasta altas horas de la noche, pues estas generan agotamiento, reduciendo los niveles de concentración, la calidad de las preguntas y, sobre todo, la capacidad de los comparecientes para contestar con aportes de verdad plenos, exhaustivos y detallados, haciendo que se dificulte el ejercicio de memoria y coherencia para el éxito de la versión.

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Procuraduría pidió revisar tutela contra JEP

La Procuraduría General de la Nación le ha enviado una petición a la Corte Constitucional, con el fin de revisar una tutela contra la Jurisdicción Especial para la Paz, hecha por las víctimas del conflicto armado y que fue declarada improcedente por la JEP. En la solicitud piden que nuevamente se detalle cuáles son los alcances de esta autoridad, pues su negativa habría vulnerado a los afectados.

“La tutela interpuesta por las víctimas contra una decisión de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP (Sentencia Interpretativa Parcial Senit N.º 3 de 28 de abril de 2022), por considerar que afecta gravemente los derechos de víctimas, comparecientes y mengua de modo desproporcionado la intervención del Ministerio Público como garante del orden jurídico en la JEP”, señala la Procuraduría.

La tutela fue declarada improcedente en primera instancia, por lo que el Ministerio Público acompañó a los tutelantes en el proceso de impugnación. El caso llegó a la Sección del Tribunal de Paz, que se encarga de los casos de ausencia de reconocimiento. Para la segunda sala, la solicitud se aprobó parcialmente, con lo que se les permitía a las víctimas que pudieran participar en los procedimientos de la JEP.