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Foto Diana Rubiano - Nuevo Siglo
Miércoles, 6 de Enero de 2021
Redacción Web

Por solicitud de la Procuraduría General, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), debe informar si está asegurada la existencia de medicamentos necesarios para atender pacientes covid en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). 

Asimismo, el Ministerio Público le pidió indicar si están garantizadas las jeringas desechables para realizar el proceso de vacunación contra el virus a más de 34 millones de ciudadanos en febrero, cuando comience la campaña de inmunización en el país. 

La solicitud del órgano de control se realizó en vista del posible desabastecimiento de medicamentos y utensilios de salud para afrontar la pandemia en Colombia, situación para la que no estaba preparado el sector.

En el comunicado enviado al director del Invima, Julio César Aldana Bula, la Procuraduría advierte que la potencial escasez de jeringas para la aplicación de las vacunas representaría un grave riesgo para la ejecución del plan trazado por el Ministerio de Salud.

En ese sentido, señaló que se deberá informar sobre qué medicamentos han sido reportados como escasos o sin existencias o reservas por clínicas y hospitales a nivel nacional, así como el tipo y cantidad total de medicamentos recientemente importados por el Gobierno nacional; proyecciones de demanda mensual y estimaciones de provisión a nivel nacional y tiempo de cobertura.

Así mismo, deberá notificar sobre el plan de contingencia establecido por el Gobierno nacional para garantizar la suficiencia de medicamentos para la atención de los pacientes que requieren ser internados en UCI.

En caso de que si exista desabastecimiento de estos elementos y de los fármacos para las UCI, la entidad también deberá establecer las medidas y gestiones adelantadas para aprovisionar estos insumos médicos indispensables para atender la pandemia y lleva a cabo la vacunación nacional contra el covid. 

La información solicitada por el Ministerio Público deberá ser remitida a la Procuraduría Delegada para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente en un plazo no superior a tres días.