El Sindicato de Empleados de la Personería de Bogotá (Sindeperbo) les solicitó el jueves a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría Distrital iniciar una investigación disciplinaria contra los funcionarios del organismo de control de la capital presuntamente responsables de la intervención del despacho del personero, bien de interés cultural, de tipo arquitectónico, sin contar con el concepto y aprobación del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).
El despacho del personero de Bogotá, ocupado por Julián Enrique Pinilla Malagón y sede central del organismo de control, fue modificado a través de un contrato de obra que tuvo un costo de $18,6 millones entre marzo y abril de 2021.
El contrato 005-2021, cuyo objeto fue el “Mantenimiento de la oficina del despacho del personero de Bogotá”, afectó la integridad de un bien de interés cultural distrital y nacional, pues la oficina fue intervenida sin tener autorización del IDPC. Por tal motivo, este pidió a la Secretaría Distrital de Cultura iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio contra los posibles responsables del daño urbanístico del inmueble histórico.
Si bien el concepto técnico del Instituto para realizar algunas reparaciones locativas en el inmueble fue emitido el 13 de septiembre del 2021, es decir, 4 meses y 13 días después de terminar la modificación al despacho del personero (abril de 2021), este documento no aprobó ninguna intervención en esa área, más aún cuando la Personería nunca informó ni solicito autorización para realizar obras allí.
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El IDPC realizó una visita a la sede central del ente de control para verificar las obras autorizadas en el concepto, pero no revisó las modificaciones al despacho del personero ni las que se estarían haciendo en la sala de juntas contigua a esta dependencia, razón por la cual se solicitó una nueva visita.
También en la revisión al contrato se encontró que el certificado de disponibilidad presupuestal que soportó la aceptación de oferta No. 093/2021, suscrito con la firma 2F Construcciones S.A.S., fue expedido con antelación a los estudios previos, cuando las normas indican que primero se realiza el análisis para poder determinar el costo de la obra y luego emitir la disponibilidad presupuestal. El contrato fue firmado inicialmente por $13'631.546, con plazo de ejecución de un mes.
El 16 de marzo del 2021 fue adicionado en $5'060.638 y prorrogado. No obstante, el documento no tiene firmas de ninguna de las partes. Además, en Secop II no se incluyó el certificado de registro presupuestal que soporta la adición y prórroga.
Por último, la autorización del IDPC no otorgó permisos para intervenciones en la modalidad de ampliación, modificación, reforzamiento, demolición parcial o ninguna otra que requiera licencia de construcción.