UN TOTAL de 21 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, 6 fiscales y uno penal encontró la Personería de Bogotá en la contratación, ejecución de obras de mantenimiento y dotación de 115 parques vecinales y de bolsillo, revisados de manera aleatoria, de los 851 intervenidos por los Fondos de Desarrollo Local, entre 2017 y 2022.
De acuerdo con el informe, se evidenciaron presuntas irregularidades en las alcaldías locales, desde la etapa precontractual, hasta la liquidación de los contratos, por falta de planeación en la contratación e intervención de parques.
Las anomalías tienen que ver con la ausencia de estudio previo de su estado, el pago por obras o elementos que aún no habían sido instalados y por dotaciones diferentes a las pactadas, así como la no publicación de trámites esenciales del proceso de contratación en Secop II, vulnerando el principio de publicidad y transparencia.
En algunas localidades cambiaron la intervención de unos parques establecidos en el contrato por otros, al parecer, sin ninguna justificación o incluyeron como imprevisto el cambio de un juego para el parque, presuntamente por uno más costoso que cumplía la misma función, además dejaron sinnúmero de parques sin intervenir o con obras parciales.
En Bosa se encontró que fue declarado el incumplimiento parcial a dos contratistas. La cláusula penal establecía un pago del 10 % del valor del contrato, pero solo le cobraron el 1 % al interventor y el 2,04 % al contratista. Uno debía pagar $ 57,5 millones aproximadamente y solo le exigieron $ 5,7 millones y el otro unos $ 569 millones y le cobraron únicamente $ 116 millones. Esto representa un presunto detrimento patrimonial superior a los $ 458 millones, al favorecer al contratista.
En las localidades de Bogotá hay 3493 parques vecinales y 1664 parques de bolsillo aproximadamente, de los cuales 265 no se encuentran certificados o están en revisión por no cumplir con las características y requisitos.
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Irregularidades en varias localidades
La primera y frecuente irregularidad que encontró la Personería fue la falta de planeación al suscribir contratos y ejecutarlos sin realizar estudios previos que establecieran su estado o su necesidad de mejora y dotación. Por lo tanto, en varios contratos de las alcaldías locales no se detallan los elementos requeridos, especificaciones técnicas ni cantidades de obra.
Esa falta de estudios generó que en Ciudad Bolívar contrataran la intervención de 42 parques y solo realizaron obras en 32, dado que 9 parques no tenían infraestructura a intervenir, había invasión de espacio público o no tenían certificación del DADEP.
En Rafael Uribe Uribe contemplaron arreglar 25 y únicamente alcanzó para 15. En San Cristóbal el interventor encontró 3 parques que no se podían intervenir como se pactó porque no existían o no tenían mobiliario. En Bosa había un listado de 25 parques, pero el presupuesto alcanzaba para 21.
En Barrios Unidos establecieron la necesidad de mantenimiento y dotación de 14 parques, pero el informe de interventoría relaciona 12, luego priorizaron solo 6 y, finalmente hacen una adición al contrato para intervenir 5 más. En otros casos, terminaban incluyendo el arreglo a otros parques diferentes a los establecidos en el contrato, sin ningún sustento.
En Bosa se pagó por desinstalar dos columpios de madera, cuando en realidad solo había uno. También en Bosa autorizaron y pagaron algunos equipos, de forma irregular, a través de la figura de obras o actividades no previstas, que no estaban en el contrato ni eran necesarias para cumplir su objeto.
En varias localidades no publicaron trámites esenciales del proceso en el Secop II, incluso en una de ellas el pliego de condiciones, vulnerando el principio de transparencia y publicidad. Algunos contratos revisados en la plataforma registran en ejecución, pero al realizar la revisión en las alcaldías locales aparecen como terminados.
En Bosa un contratista que debía suscribir la póliza de garantía inicial de cumplimiento del contrato por $ 5693 millones, sin embargo, la suscribió por $ 4269 millones, es decir, $ 1423 millones menos, solo un año y 9 meses después fue corregido en el porcentaje de cobertura, pero no el período de vigencia.