Un riguroso informe que documenta en detalle las graves violaciones y afectaciones a los derechos humanos en el desarrollo del Paro Nacional, contra manifestantes y contra miembros de la Fuerza Pública, fue entregado por parte de la alcaldesa mayor, Claudia López, a la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Juliette de Riveros.

El documento señala que entre el 28 de abril y el 23 de mayo, se registraron 775 actividades de protesta, de las cuales 238 han sido marchas, 78 bloqueos y 459 concentraciones en lugares públicos, que han contado con la participación 240.000 personas.

La Alcaldesa Mayor reconoció públicamente los esfuerzos que ha hecho la Policía para ceñirse a los protocolos, y resaltó algunos hechos que deben ser investigados. “Puedo dar fe que algunos miembros del Esmad han abusado de la fuerza, detenido arbitrariamente a jóvenes, no los han trasladado a URI, sino a estaciones de Policía, o no han seguido los protocolos que la ley prevé”, sostuvo.

En particular se refirió al aterrizaje de un helicóptero para hacer reabastecimiento logístico y de munición, en el Portal Américas y en el Colegio Claretiano de Bosa. “Eso viola abiertamente los protocolos de DD.HH., y en buena medida, esa abierta violación a los protocolos, ha exacerbado las tensiones en Bosa y en el Portal Américas”, expresó la Alcaldesa Mayor, quien aseguró que en estos dos puntos, así como en el Portal de la calle 80, cerca al Portal de Suba, y en la Plaza de Bolívar, se ha registrado el 72% de las denuncias por estos excesos y abusos.

Recordó que los ciudadanos más afectados han sido los jóvenes, tanto manifestantes como policías. En el caso de los manifestantes 33 de ellos han sufrido lesiones faciales u oculares. “La Secretaría de Salud ha tomado la decisión de garantizar el total tratamiento médico que ellos necesiten, lo que sea necesario hacer, para salvaguardar su rostro, para que ninguno pierda la visión”, indicó, y en cuanto a los policías, hay 17 de ellos gravemente heridos, en su mayoría como consecuencia del  incidente del CAI de La Aurora.

También señaló que en el Portal Américas se detuvo arbitrariamente a un joven que estaba grabando lo que ocurría desde un puente peatonal. “Lo agredieron, lo golpearon, lo hirieron. Esto genera animadversión y desconfianza”, expresó la Alcaldesa Mayor.

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Igualmente aseguró que se tiene registro de 600 acciones de abuso de la fuerza contra algún ciudadano (golpiza, retención u hostigamiento); y se encuentran bajo investigación dos muertes: la de Dylan Barbosa, quien habría chocado su moto contra una tanqueta del Esmad; y la de Daniel Alejandro Zapata, quien fue golpeado con un objeto contundente y sufrió un trauma cráneo encefálico severo.

Intento de homicidio contra policías

Punto aparte, la Alcaldesa Mayor dijo que los miembros de la Fuerza Pública también han sido víctimas de violaciones a los DD.HH. De hecho, 380 policías han resultado heridos durante estas manifestaciones.

“Aquí ha habido 15 intentos de homicidio de policías, 14 de ellos fueron víctimas en el CAI de La Aurora. Se entraron (los uniformados) al CAI para no tener ningún tipo de confrontación, y unos ciudadanos lo apedrearon, lo rompen pese a que es blindado, les tiraron bombas incendiarias a los policías, y los vieron quemarse, los grabaron y lo celebraron, y no les dieron ninguna opción de salida”, recordó.

Igualmente se refirió al intento de homicidio en contra de Christian Calderón, el joven patrullero de 22 años, quien se encuentra recluido en el Hospital Simón Bolívar, y a quien visitó en las últimas horas.    

“Es un muchacho humilde como muchos de los mismos manifestantes, solo que es miembro del Esmad. No estaba cometiendo ningún acto arbitrario, y le lanzaron una bomba molotov a su rostro. Él está hoy en cuidados intensivos, por cumplir su labor en medio de una aglomeración, se contagió de COVID-19, ahora tiene la cara destrozada, y una profunda afectación física y emocional”, narró con indignación la Alcaldesa Mayor.

En total, hasta el pasado 23 de mayo, 14 CAI habían sido incendiados; 26 fueron vandalizados, se estima que hubo 6.657 daños a la infraestructura de la ciudad, y las pérdidas podrían alcanzar los $28.500 millones.

“Reconozco expresa y públicamente la labor valiente, necesaria y oportuna que los defensores y defensoras de DD.HH. y los jóvenes hacen en nuestra ciudad. La Alcaldía Mayor reconoce y aprecia esa labor, y haré todo lo que esté a mi alcance para que se proteja y se garantice. La protesta ciudadana no es un problema de orden público, es un derecho que debemos reconocer”, indicó la Alcaldesa Mayor.