Un juez del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la captura y medida de aseguramiento en detención domiciliaria contra el gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, por presuntas irregularidades en un contrato para atender la emergencia sanitaria en la región.

De acuerdo con la investigación señalada por la Fiscalía General de la Nación, el Mandatario incurrió en prevaricato y omisión, frente al contrato suscrito en abril del 2020, cuyo costo superaba los 220 millones de pesos, para la adquisición de elementos de bioseguridad para contrarrestar la pandemia en el departamento.

Sin embargo, el ente acusador reveló que ese documento presenta anomalías en “la ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos, presuntas falsedades en la etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista”.

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Adicionalmente, Palacios no habría verificado el cumplimiento de requisitos esenciales entre estos, y no publicó dicho contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) dentro de los tres días después de la celebración, ya que se realizó tres meses después, conforme a lo estipulado por la ley.

En este sentido, el tribunal adoptó la decisión de separarlo del cargo hasta avanzar la investigación. Cabe recordar que en ese mes del 2020, el entonces procurador Fernando Carrillo lo suspendió por tres meses, al mismo tiempo, por este motivo.

De igual manera, el gobernador electo en 2019 también tiene otro lío judicial desde marzo de 2021, cuando la Fiscalía radicó un escrito de acusación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por presuntas irregularidades en la contratación de actividades educativas y publicitarias para mitigar la propagación de la pandemia en el departamento del Chocó, que no cumplían con los requerimientos necesarios.