Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República revela hallazgos con posible incidencia fiscal por $9.100 millones en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Según el documento, la entidad entregó en 2021 y 2022 ayudas como raciones de comida a 75 personas que, según un cruce de información con las bases de datos de la Registraduría y Sisbén, ya habían fallecido.
De acuerdo con la CGR, las irregularidades se encontraron en los contratistas Iglesia Centro Cristiano, la Fundación para el Desarrollo Social y Cultural Gabriela Mistral, la Fundación para el mejoramiento integral de la calidad de vida de los colombianos Cruzando Fronteras y la Asociación de Padres de Familia de Hogares Comunitarios Palmarito de Vichada.
El hallazgo fiscal de mayor cuantía detectado en esta auditoría, y que también tiene incidencia disciplinaria, es por $6.611 millones. Esta irregularidad está relacionada con inconsistencias en las bases de datos “Reporte cuéntame 2021” y “Reporte cuéntame 2022” de la Regional del ICBF en el Chocó, en las que se pudo comprobar que beneficiarios a los que se les habría prestado los servicios aparecían como “No encontrados o fallecidos”.
Otras anomalías son: "Niños y niñas sin la documentación requerida, inoportunidad en la entrega de alimentación a los menores, entrega de alimentos no aptos para el consumo, pago a operadores por raciones para preparar no entregadas, pago a operadores por canastas Mujeres gestantes no entregadas e inconsistencias en las firmas de planillas de entrega de la ración para preparar (RPP)".
Comida no apta
Sobre la comida no apta, el informe de auditoría afirma que, en Vaupés, por ejemplo, llega la fruta seca, los huevos dañados y las bolsas con raciones para preparar en casa abiertas o incompletas.
Los hallazgos detectados llevaron al organismo de control a emitir un concepto de Incumplimiento Material con Reserva y calificación de control interno con deficiencias.
“Se detectaron incumplimientos o situaciones en los contratos de la muestra seleccionada, suscritos por el ICBF para la prestación de servicios de Atención a la Primera Infancia, dichas situaciones están relacionadas principalmente con: deficiencias en los estudios previos en lo que respecta o la falta de detalle o descripción sobre cuáles y cómo fueron los cálculos que se realizaron para establecer el valor de las canastas diferenciales según cada componente”, informó la Contraloría.
Por regiones señalaron 22 hallazgos en Amazonas, 9 en Chocó, 9 en Cauca, 5 en Vaupés, 3 en Antioquia y 3 en Vichada.
Se precisó la inadecuada planeación en el número de cupos a atender, y se encontraron condiciones de riesgo en las sedes para prestar los servicios a los menores.
Por su parte, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) emitió el reporte número 8 del 23 de diciembre del 2021, relacionado con entregas realizadas a documentos de tutores y beneficiarios menores presuntamente fallecidos y presunta suplantación de población venezolana.
Esto en el marco de la entrega de raciones alimenticias a población que aparecía como fallecida o con números de identificación no correspondientes a lo reportado por el ICBF y el Adres.
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Investigaciones
Mientras tanto, el ICBF señaló que adelantará las investigaciones para establecer posibles responsabilidades en el caso.
La entidad indicó que esta auditoría no obedece solo a las entregas de raciones para preparar que habrían sido hechas hasta el año pasado, sino que incluye otros aspectos.
“Si bien el informe corresponde a la auditoría de la vigencia 2021 a junio de 2022, incluye no solo temas sobre la entrega de raciones para preparar, RPP, sino también sobre la ejecución contractual regional, ejercicios de supervisión, manejo de cuentas, saldos y demás temas presupuestales”, señala el comunicado emitido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
De otra parte, ayer y con apenas tres meses en el cargo, renunció el secretario general del ICBF, José Antonio Parrado Ramírez.