Con evasivas, la alcaldesa Claudia López dio a entender que en Bogotá no habrá militarización en las inmediaciones de los portales de Transmilenio el próximo 28 de enero, como lo socializó en horas anteriores el ministro de Defensa Nacional, Diego Molano.

Ante la pregunta de: ¿habrá una intervención especial en el Portal Américas?, la alcaldesa respondió lo siguiente: “Describí exactamente qué va a hacerse y eso es lo que va a haber, tal cual lo describí”, lo que alude a que no habrá militarización en dichas zonas de la ciudad, pues en la estrategia que se socializó ayer no había nada alusivo a la militarización de estas zonas de la capital.

Meta: reducir tasa de homicidios al 15%

La alcaldesa socializó la estrategia de seguridad que se implementará este año en la ciudad de Bogotá, considerando que el 2021 fue “un mal año” en materia de seguridad.  

“Vamos a recuperarnos del mal año que tuvimos el año pasado. Nuestro compromiso es que reduzcamos en un 15% la tasa de homicidios en Bogotá. Tanto los casos como la tasa. Y también la reducción en todos los indicadores de alto impacto. Ese es nuestro compromiso. El dolor que tenemos es que el año pasado el homicidio creció 7% y el hurto violento un 12%. Ese es nuestro gran dolor”, indicó la Mandataria, quien refirió que si bien es cierto que el Presidente de la República puso una tasa nacional del 10%, “Bogotá puede lograrlo con el plan que hemos acordado”.  

Por poner unos ejemplos, de enero a julio del año pasado se incrementó el homicidio en un 17,4%. En agosto siguió creciendo (un 5%) pero menos, y solo en diciembre disminuyó en un 33% en Bogotá. El hurto a automotores aumentó a partir de agosto y empeoró en noviembre y diciembre, y el hurto a bicicletas tuvo una tendencia al alza durante todo el año.

A qué se debió el escenario de inseguridad

De acuerdo con la Mandataria, esto se debió a que en el 2021 se dieron todas las consecuencias de la pandemia, así como el agravamiento de factores históricos y sociales. Hubo un incremento de la pobreza extrema, que pasó del 4% en el 2019 al 13%, y un incremento de la pobreza monetaria, que pasó del 27,2% hace dos años al 40,1%.

Así mismo, en la ciudad hubo un decrecimiento económico, pasando del 3,5% en el 2019 al -15,6% en el 2021, y un desempleo que pasó de 10,7% en 2019 al 25% en julio del 2021.

No obstante, la alcaldesa explicó cómo el año pasado ya hubo señales claras de recuperación tales como la del desempleo. “Veníamos de una tasa del 25% de desempleo y cerramos noviembre con una tasa de 11,8%. Todo eso es mejor seguridad. Entre menos pobreza y más empleo haya en Bogotá, habrá más seguridad porque estos son factores sociales que disparan la inseguridad”, añadió.

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En materia social, indicó la alcaldesa López, Bogotá espera lograr alcanzar una pobreza extrema del 5%, una pobreza monetaria del 32,6%, un crecimiento económico del 4,1% y un desempleo del 11,8%.  

“Tenemos plena confianza en que la inversión privada y pública va a lograr estos resultados. Nuestro compromiso con Bogotá es que la situación social de pobreza y la situación social económica y de empleo en el 2022 no va a ser de recuperación sino de crecimiento”, añadió. Finalizó diciendo que para que ello ocurra en Bogotá habrá más inversión social y económica.

Seguridad jurídica

Ahora bien, con relación a cómo disminuir los indicadores, la Alcaldesa Mayor insistió en que el Distrito continuará con el Plan de Intervención adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, teniendo en cuenta un aumento del pie de fuerza; también se intensificará el Plan de Intervención contra el hurto, se realizarán patrullajes militares e igualmente se fortalecerán las redes ciudadanas y los frentes de seguridad.

López destacó, además, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, ante cualquier destrucción o daño a un bien público, como los CAI, el SITP o el Transmilenio, se incrementó la pena de 48 a 144 meses de prisión, por lo cual ya no es un delito excarcelable.  

Así mismo, resaltó que los jueces o fiscales, según su criterio, podrán pedir pena privativa de la libertad ante la recurrencia de delitos si hay agravantes, como por ejemplo una grave amenaza o el uso de armas.

Finalmente le agradeció al Congreso de la República porque, en la ley, impuso penas severas y graves a quien se atreva a atentar contra un servidor público. “Si lo que trató fue de agredirlo, la persona se expone a una pena de hasta ocho años de cárcel, y si trata de asesinarlo, se expone a una pena hasta de 20 años de cárcel. Esas son contribuciones de mayor judicialización y menor impunidad”, expresó.

La Alcaldesa Mayor culminó su presentación haciendo un llamado a la ciudadanía para que siga acudiendo masivamente a completar su esquema de vacunación, reiterando que por ahora, con relación al covid-19 y a la vacunación, todo se mantendrá igual.