El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda de reparación que interpuso un exalcalde ad hoc de Carmen de Bolívar (Bolívar), quien fue vinculado al presunto fraude electoral que se produjo en las elecciones de 1997 en esa población.

La investigación se produjo por un cambio aparentemente intempestivo de unas mesas de votación, lo que habría impedido a algunos votantes ejercer su derecho al sufragio. Según la información allegada al expediente, los votos que se registraron en el lugar fueron superiores a la cantidad de sufragantes inscritos.

Aun cuando la orden de traslado de las mesas se produjo el mismo día de las elecciones, una certificación del entonces alcalde ad hoc indicó que la directriz se emitió antes de la fecha de los escrutinios, lo que dio lugar a que la Fiscalía infiriera que este consignó una información falsa.

El demandante fue privado de su libertad entre el 9 febrero y el 31 de julio del 2001 y entre el 20 de enero del 2005 y el 29 de noviembre del 2006, como supuesto responsable de los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión, alteración de resultados electorales y perturbación electoral.

El accionante había sido condenado a cuatro años de cárcel por los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, pero recuperó su libertad gracias a un fallo de casación, por medio del cual la Corte Suprema declaró la prescripción del proceso y la extinción de la acción penal.

Tras este pronunciamiento el exalcalde ad hoc interpuso una demanda de reparación directa económica por los daños sufridos a causa de la detención.

Sin embargo el Consejo de Estado negó las pretensiones, pues sostuvo que la medida de aseguramiento se basó en las exigencias legales de la época, como la existencia de al menos un indicio grave de responsabilidad del indiciado.