La Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, asistió ayer al debate de control político citado por la Comisión Quinta del Senado de la República para exponer los múltiples incumplimientos del Centro de Gerenciamiento de Residuos Sólidos Doña Juana (CGR), en desarrollo del contrato de concesión 344 de 2010.
En su intervención, la mandataria aseguró que, “hoy después de tener más de 13 multas vigentes por incumplimientos de las autoridades ambientales y la Superintendencia, CGR pretende que le paguemos 1,2 billones de pesos como si en efecto hubiese optimizado la planta de tratamiento de lixiviados desde el 2010 hasta la fecha”.
Insistió que mientras esté al frente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, no pagará un peso a los contratistas incumplidos. “Este es un tema de ética y de derechos. No pagaremos un solo peso más a un contratista incumplido”, sostuvo.
Equipo de defensa
El Distrito Capital recurrió a un equipo de defensa experto para enfrentar este proceso jurídico. “No vamos a dejar que se estafe a la ciudadanía. El 11 de abril se decidirá la vida, los derechos y el bolsillo de los bogotanos”, explicó la Alcaldesa Mayor, tras conocer que en las últimas horas el Tribunal de Arbitramento aplazó la decisión del fallo.
Sobre la decisión del Tribunal, la Alcaldesa dijo que el Distrito ya pidió dar por terminado el contrato ante el incumplimiento de CGR. “Eso esperamos que respalde el tribunal, que terminemos esa concesión e iniciemos el proceso para cumplir el acuerdo de emergencia climática. Esta es una controversia jurídica sobre un tema ya fallado”, resaltó la mandataria, al recordar que la Procuraduría ya emitió un pronunciamiento imparcial, respaldando todas las solicitudes del Distrito.
Al tiempo, agregó que se le está pidiendo a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la licencia ambiental para reorganizar el predio de Doña Juana como parque de innovación tecnológica.
A su turno, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, dijo que, “este es un negocio para el operador, que no beneficia a la ciudad, porque no ha respetado los derechos ambientales de los ciudadanos”, e indicó que se hará un “seguimiento sistemático” a los 24 procesos sancionatorios contra el consorcio. En ese mismo sentido, confirmó que el Ministerio de Ambiente enviará una comisión para verificar la toma de muestras del vertimiento actual en Doña Juana.
Durante el debate, la Alcaldesa Mayor pidió que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) se puedan regular los estándares técnicos que permitan fijar las tarifas para el tratamiento de residuos sólidos.
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Los pleitos
El primer pleito corresponde a la controversia por el Relleno Sanitario y las obligaciones más importantes del contrato CGR Doña Juana, en vista de que no habría cumplido con el contrato de concesión que presentó un primer tribunal arbitral con el ánimo de discutir las actividades más importantes, entre otras la optimización del sistema de tratamiento de lixiviados. Buscaba que se declarara el incumplimiento de la UAESP y, en consecuencia que la entidad asumiera el costo integral de las actividades concesionadas.
En respuesta, la UAESP presentó una demanda de reconvención en contra de CGR Doña Juana pretendiendo que se declarara el incumplimiento del contratista y condenarlo a realizar en un término perentorio a cumplir lo pactado. En el mes de septiembre de 2018, el Tribunal falló de forma íntegra a favor de la UAESP y le ordenó al contratista a realizar todas las actividades del contrato incluyendo las actividades e inversiones necesarias de la planta de lixiviados.
El segundo pleito, hace referencia a la demanda multimillonaria que busca ocultar el incumplimiento del laudo de 2018 y su mala operación. Cumplidos los tiempos otorgados en la decisión a favor de la UAESP y ante el inminente cambio de administración, como una estrategia para limitar las acciones en su contra por la precaria operación en Doña Juana, el concesionario CGR volvió a presentar una demanda en la que pretende que la ciudad le reconozca la suma de COP $1.195.714.418.869 por lo que habría sido la tarifa que, a juicio del contratista, debió recibir, porque según ellos queda en evidencia que su remuneración era insuficiente.
Por su parte, la UAESP advirtió que con la demanda del concesionario vendría un mecanismo para no cumplir el contrato ni el laudo de 2018, decidió contrademandar y pedirle al tribunal que declare la terminación del contrato por el incumplimiento grave y definitivo, buscando un reconocimiento a título de indemnización por la suma de COP $279.006.974.290.