Al determinar que los delitos por los cuales son investigados no se produjeron en las protestas del año anterior sino que corresponden a 2022, un juez de Popayán negó ayer la libertad a dos de los jóvenes que fueron incluidos por el Gobierno nacional dentro de una lista inicial de siete que designó como gestores de paz para trabajar frente a la conflictividad social en distintas regiones del país.

El juez rechazó la petición para que Álvaro Andrés Duque y Bremmen Hinestroza recuperaran la libertad para que trabajen con el Gobierno en dicha gestión, al tiempo que los procesos penales en su contra seguirían.

Según trascendió, estos jóvenes son procesados por el delito de avasallamiento debido a que habrían participado en la invasión de predios este año, fenómeno que se recrudeció tras el ascenso al poder de Gustavo Petro, pues muchos habrían querido aprovechar la reforma agraria que prometió como pretexto para invadir tierras, lo que fue rechazado por el Gobierno.

La semana anterior obtuvieron la libertad los dos primeros jóvenes designados gestores de paz; se trata de Santiago Márquez Charriz y Adriana Esperanza Bermeo.

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Sin embargo, la procuradora Margarita Cabello indicó que se presentaron irregularidades en el procedimiento que se llevó a cabo para autorizar la libertad a estas personas, pues quienes tomaron la decisión no estarían autorizadas para ello y tampoco el Ministerio Público fue comunicado de estas diligencias.

“Pongo de presente la situación que tuvo lugar en el Centro de Servicios Judiciales de Bogotá los días 22 y 23 de diciembre, en donde la coordinadora habría librado de forma irregular las boletas de libertad de personas denominadas gestores de paz, ello, al parecer, arrogándose facultades que no le son propias y omitiendo realizar el reparto ordinario que compete a estos asuntos”, señala la procuradora en el oficio.

Por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, se refirió ayer a las observaciones de la procuradora Cabello en este caso.

Prada aseguró que la procuradora no está cuestionando las facultades para nombrar voceros de paz. “Es una solicitud que hace el procurador delegado durante el proceso ante la instancia judicial que toma las decisiones, no es un cuestionamiento para nada a las facultades que tiene el presidente y tampoco al procedimiento de nombramientos de vocerías de paz”, dijo.