La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) deberá pagar 65.000 millones de pesos al Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), operador del Relleno Doña Juana. Así lo determinó el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá tras el litigio que se produjo durante más de una década.
“¡CGR Doña Juana no ganó ni se salió con la suya! Ni los bogotanos tendremos que pagar el billón doscientos mil millones de pesos que pretendían ni podrá obtener nueva licencia para seguir operando el relleno más allá del 2024. El principio del fin del relleno Doña Juana empezó hoy”, manifestó la Alcaldesa Mayor a través de su cuenta de Twitter.
En este sentido, la decisión del tribunal señala, además que el CGR deberá pagar 4 200 millones de pesos por no cumplir algunas condiciones específicas del contrato.
“Analizaremos en detalle el fallo anunciado hoy por el Tribunal, las decisiones respecto de la UAESP y asistiremos a la audiencia dispuesta para hacer las aclaraciones. Los bolsillos de todos los bogotanos, la salud de los bogotanos del sur y el POT Bogotá Reverdece han ganado”, agregó la Alcaldesa Mayor.
¿Qué dice la UAESP?
Con ocasión del fallo proferido por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que dirimió la controversia entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana (CGR), actual operador del relleno sanitario, la administración distrital sostuvo ante la opinión pública y medios de comunicación que el Tribunal de Arbitramento no accedió a las pretensiones del operador que ascendían a 1,2 billones de pesos, y apenas reconoce alrededor del 5 % de lo solicitado por el concesionario, sobre lo cual informaron solicitarán varias aclaraciones.
En el mismo sentido, tampoco accedió a la extensión del plazo del contrato. En consecuencia, no podrá operar el relleno más allá de la licencia actual, el cual se estima que se cumplirá entre los años 2024 y 2025.
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“El distrito revisará exhaustivamente el fallo proferido y en la audiencia citada para el 21 de abril, se solicitarán aclaraciones sobre algunos aspectos, tales como ¿se respetó el laudo arbitral y la seguridad jurídica alcanzada con esa decisión para las partes?, ¿el tribunal resuelve sobre una controversia contractual o tarifaria?, entre otros. Reiteramos que la administración distrital no ahorrará esfuerzos para continuar protegiendo los recursos públicos de la ciudad y el derecho de los bogotanos a tener nuevas formas de tratamiento de los residuos. “¡El principio del fin del enterramiento de residuos en el relleno Doña Juana ha empezado hoy!”, aseveró el Distrito.
Los pleitos en torno al Relleno
El primer pleito hace referencia a la controversia por el Relleno Sanitario y las obligaciones más importantes del contrato. CGR Doña Juana, en vista de que no habría cumplido con el contrato de concesión, presentó en un primer tribunal arbitral con el ánimo de discutir las más importantes actividades, entre otras la optimización del sistema de tratamiento de lixiviados. Buscaba que se declarara el incumplimiento de la UAESP y, en consecuencia que, la entidad asumiera el costo integral de las actividades concesionadas.
En respuesta, la UAESP presentó una demanda de reconvención en contra de CGR Doña Juana pretendiendo que se declarara el incumplimiento del contratista y condenarlo a realizar en un término perentorio a cumplir lo pactado. En el mes de septiembre de 2018, el Tribunal falló de forma íntegra a favor de la UAESP y le ordenó al contratista a realizar todas las actividades del contrato incluyendo las actividades e inversiones necesarias de la planta de lixiviados. La Alcaldesa Mayor, advirtió que ese primer pleito lo ganó en su cabalidad el bolsillo de los bogotanos.
El segundo pleito corresponde a la demanda multimillonaria que según aseveró el Distrito, busca ocultar el incumplimiento del laudo de 2018 y su mala operación. Cumplidos los tiempos otorgados en la decisión a favor de la UAESP y ante el inminente cambio de administración, como una estrategia para limitar las acciones en su contra por la precaria operación en Doña Juana, el concesionario CGR volvió a presentar una demanda en la que pretende que la ciudad le reconozca la suma de COP$1.195.714.418.869 por lo que habría sido la tarifa que, a juicio del contratista, debió recibir porque según ellos queda en evidencia que su remuneración era insuficiente.